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El Parlament alega ante el TC su competencia para crear la comisión sobre el rey

El presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, en una imagen de archivo / EFE El presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, en una imagen de archivo / EFE

El Parlament ha presentado alegaciones ante el Tribunal Constitucional para defender que la comisión de investigación sobre la monarquía, que impugnó el Gobierno de Pedro Sánchez, no supone una extralimitación de sus competencias y la justifica porque es un asunto de "interés" para Cataluña.

La Cámara catalana ha dado a conocer este jueves las alegaciones que ha presentado para rebatir la impugnación del Gobierno, que llevó al TC esta comisión parlamentaria que pretendía investigar presuntas actividades "delictivas o irregulares de personas vinculadas a la Familia Real".

El Ejecutivo central impugnó esta comisión al considerar que la Cámara autonómica no tiene competencias para investigar a la Jefatura del Estado.

Contrariamente a esa posición, los letrados del Parlament sostienen en su escrito que "no existe una extralimitación constitucional en la potestad del Parlament relativa a la creación de una comisión de investigación sobre datos y hechos que afectan a personas vinculadas o relacionadas con la Monarquía".

Sostienen que esa potestad viene reconocida tanto en el Estatut como en el reglamento de la Cámara, que indica que la institución puede crear comisiones de investigación sobre "cualquier asunto de relevancia pública que sea de interés para la Generalitat".

Y "es incontestable que la investigación de hechos y datos que afectan a personas vinculadas o relacionadas con la Monarquía, a partir de los cuales sería posible fundamentar un juicio de valor político, es de interés para la Comunidad Autónoma de Cataluña", añaden los letrados.

Además, remarcan que una comisión de este tipo debe entenderse como un instrumento "al servicio de la información" y desvinculado por tanto de la función del Parlament de control a un gobierno.

Así, el objeto de la comisión de investigación "no es el ejercicio de la función de impulso y control del Gobierno, ni obviamente el control jurisdiccional, que el Parlamento no está facultado para realizar, sino que dicha finalidad es, tan solo, investigar unos hechos y datos que se definen como de interés público para la Generalitat", esgrimen los letrados.

Otro de los argumentos es que de la Constitución no deberían "derivarse prohibiciones o límites al debate político", especialmente si se producen en sede parlamentaria, en virtud del "pluralismo político" como "valor superior del ordenamiento jurídico" y del derecho a la libertad de expresión, afirma el escrito.