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Sindicatos afirman que "la sombra alargada del 155" aún perdura en Cataluña

Dos sindicatos, la Intersindical-CSC y la Ustec, han coincidido este martes en el Parlament en advertir sobre lo que han calificado como "la sombra alargada del 155", ya que creen que hay efectos provocados por la intervención de la Generalitat "que aún perduran" y que había una "agenda oculta".

El secretario general de la Intersindical-CSC, Carles Sastre, y el portavoz nacional de la Ustec, Ramon Font, han comparecido esta mañana ante la Comisión de Investigación sobre la Aplicación del Artículo 155 de la Constitución en Cataluña durante unos siete meses, entre el 27 de octubre de 2017 y el 2 de junio de 2018.

Ambos líderes sindicales consideran que la intervención de la Generalitat por parte del Estado tuvo "efectos negativos" que en algunos casos todavía son visibles en ámbitos de la Administración catalana y los servicios públicos.

Según Carles Sastre, el Gobierno del PP poseía una "agenda oculta" al aplicar el 155, y lejos de la versión oficial de que se había limitado a gestionar la intervención de la Generalitat de una forma neutral, "tomó decisiones" aún perceptibles.

Ha precisado, en este sentido, que se produjeron contrataciones resueltas a favor de empresas como Indra, a la que se adjudicaron determinados servicios del CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías) de la Generalitat, y se prorrogaron los conciertos económicos a escuelas privadas actuando en sentido opuesto a como había aprobado el Parlament.

Sobre el decreto que favorecía la deslocalización de empresas, Sastre ha indicado que a su sindicato le consta que "la Casa Real llamó a los directivos de Seat para presionarlos", y que se produjeron movimientos de retirada de fondos públicos en Caixabank y Banc Sabadell "también para presionarlos a fin de que cambiaran su sede social".

Por parte de la Ustec, Ramon Font ha indicado que dispone de un informe que indica que, a raíz del 155, "aún hay un tercio de los maestros que se autocensuran" por miedo a "la represión", y ha advertido que el sistema educativo catalán tiene "debilidades" que podrían facilitar la aplicación de otro 155.

Dichas debilidades, ha concretado, se arrastran desde la entrada en vigor de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) y del posterior "decreto de direcciones", porque otorga más poder a la Administración en detrimento de la autonomía de los centros, y permite contratar profesorado discreccionalmente, además de nombrar a dedo a los directores de escuela.