El vicepresidente del Govern pide ver a Calviño y Montero tras la reunión Torra-Sánchez

BARCELONA, 25/06/2018.- El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès (d), junto al Secretario general de la vicepresidencia Albert Castellanos (c) y la secretaria de Hacienda de la Generalitat Marta Espasa, durante su comparencia en el Parlament donde ha asegurado hoy que el diálogo con el Gobierno "será fructífero si se puede hablar del derecho a la autodeterminación", por lo que ha pedido al Ejecutivo que no ponga "condiciones de entrada" para entablar dicho diálogo. EFE/Quique García BARCELONA, 25/06/2018.- El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès (d), junto al Secretario general de la vicepresidencia Albert Castellanos (c) y la secretaria de Hacienda de la Generalitat Marta Espasa, durante su comparencia en el Parlament donde ha asegurado hoy que el diálogo con el Gobierno "será fructífero si se puede hablar del derecho a la autodeterminación", por lo que ha pedido al Ejecutivo que no ponga "condiciones de entrada" para entablar dicho diálogo. EFE/Quique García

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha avanzado hoy que pedirá reunirse con la ministra de Economía, Nadia Calviño, y con la de Hacienda, María Jesús Montero, tras el encuentro que mantendrán el próximo 9 de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra.

Aragonès ha hecho este anuncio durante su primera comparecencia en el Parlamento catalán tras ser nombrado vicepresidente del Govern y conseller de Economía. El número dos del Govern ha asegurado que, si la reunión entre ambos presidentes "va correctamente", pedirán un encuentro con estas dos ministras para abordar una relación de asuntos pendientes, dado que ha apreciado disposición al diálogo al ponerse en contacto con ambas.

No obstante, para propiciar el entendimiento entre ambos gobiernos, el vicepresidente ha pedido al Gobierno una serie de "gestos de distensión", como que se avenga a "flexibilizar" el objetivo de déficit para 2019, fijado en el 0,1 % del PIB, o bien "cumplir con lo que está acordado", en alusión a los 6.000 millones que la Generalitat reclama al Gobierno en cumplimiento del actual sistema de financiación.

De estos 6.000 millones que la Generalitat pide que se salden, 759 millones corresponden a la liquidación de la disposición adicional tercera del Estatut de 2008, otros 2.951 millones por inversiones en infraestructuras no ejecutadas entre 2009 y 2013, otros 688 millones por la financiación pendiente de los Mossos d'Esquadra desde 2010 y unos 1.500 millones de euros por la aplicación de la ley de la dependencia.

"Antes de firmar un contrato, pediremos que se cumpla con el contrato vigente", ha comentado Aragonès, que ha insistido en la bilateralidad como fórmula de relación entre Cataluña y el Estado. Por su parte, la diputada del PSC Alícia Romero ha pedido a Aragonès que, también como "gesto", acuda a la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Aunque Aragonès ha asegurado que la nueva ministra parece tener una posición política algo diferente a la de su antecesor, Cristóbal Montoro, "falta ver si Montero es diferente de Montoro", ha afirmado, y ha concluido que si la dinámica del CPFyF cambia, tendrán que "reflexionar" sobre si el Govern vuelve a este foro multilateral.

Durante la comparecencia, el conseller ha opinado que el diálogo con el Gobierno "será fructífero si se puede hablar del derecho a la autodeterminación", y por esa razón ha pedido al Gobierno que no ponga "condiciones de entrada" para entablar dicho diálogo.

En esta línea, ha dicho tener la sensación de que algunos pretenden que el Govern acuda a esta entrevista con el presidente del Gobierno con las "manos atadas" en algunos aspectos. Aragonès ha subrayado que la resolución del conflicto político en Cataluña requiere de un "diálogo franco", ya que "no hay ninguna otra salida civilizada para encontrar soluciones", ha dicho.

Por otra parte, tras rememorar los hechos del pasado 1 de octubre, Aragonès ha reivindicado la oficina en defensa de los derechos civiles y políticos que impulsa el Govern en coordinación con el Síndic de Greuges.

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