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Los órganos constitucionales, pendientes de un pacto con el PP para renovar


El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

La renovación de tres órganos constitucionales -CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo- así como el Consejo de RTVE, está pendiente de un acuerdo en el que participe el PP porque la elección de sus miembros requiere mayorías reforzadas para las que hace falta contar con la oposición.

Aunque teóricamente sería posible conseguir los votos necesarios para las renovaciones sin contar con el Partido Popular, políticamente resulta inviable porque habría que lograr el respaldo coincidente de parlamentarios socialistas y de Unidas Podemos con los de Vox y los de las formaciones independentistas.

Tras los últimos contactos entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, el consenso parece más cercano para acabar con dos años de interinidad en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y también para elegir presidente del Consejo de Administración de RTVE, dirigido por una administradora provisional, Rosa María Mateo, desde julio de 2018.

Pero también falta que el Parlamento elija a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional -un tercio de sus miembros- con el mandato extinguido desde hace casi dos años.

Sin olvidar al Defensor del Pueblo, que ejerce en funciones, desde 2017, Francisco Fernández Marugán.

Para sacar adelante los nombramientos relativos al Constitucional, al CGPJ y al Defensor no sirve la mayoría simple de las Cámaras, ni siquiera la mayoría absoluta -la mitad más uno- sino un apoyo cualificado de tres quintos que precisamente obliga a buscar el máximo consenso entre las fuerzas parlamentarias.

En el caso del Tribunal Constitucional, el artículo 159 de la Constitución establece que de sus doce miembros cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, cuatro por parte del Senado, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ, designados por nueve años y a renovar por terceras partes cada año.

Desde noviembre de 2019 faltan cuatro por renovar, entre ellos su presidente, Juan José González Rivas, y la vicepresidenta, Encarnación Roca.

La mayoría exigida supone que hace falta el voto de 210 diputados, de los 350 que componen el Congreso, o 159 senadores de los 265 que sientan en el hemiciclo del Senado.

Excluidos los 52 diputados de Vox, con quien el Gobierno no quiere negociar las renovaciones, el peso recae en los 88 diputados del PP en la Cámara Baja; en el Senado, tiene 97 representantes, y al PSOE, con 103 senadores, le faltan 56 para alcanzar el umbral de los tres quintos.

Si socialistas y populares sumaran sus fuerzas reunirían por ellos mismos 208 votos en el Congreso (a solo dos de los mínimos requeridos, factibles de recabar con alguno de los socios de ambos partidos) y 200 en el Senado, muy por encima de los exigidos.

La misma mayoría se precisa para elegir a los 20 miembros del CGPJ, a cuenta de diez vocales el Congreso y diez el Senado, de los cuales doce son jueces y magistrados y seis, juristas de reconocida competencia; el pleno del órgano elegirá en su sesión constitutiva al presidente, que lo será también del Tribunal Supremo.

Los tres quintos son igualmente necesarios para que el Congreso y el Senado elijan al defensor del Pueblo por un plazo de cinco años.

Desde que en julio de 2017 expiró el mandato de Soledad Becerril como titular de esta institución, ocupa el cargo en funciones quien era defensor adjunto, Francisco Fernández Marugán, a la espera de que un acuerdo desbloquee la renovación.

El Consejo de Administración de RTVE es la única entidad donde es viable la elección de sus miembros por mayoría absoluta en segunda votación, siempre y cuando no se haya conseguido en una primera por dos tercios del Parlamento, seis el Congreso y cuatro el Senado.

Eso sí, es necesario que en esta segunda vuelta los candidatos dispongan del respaldo de la mitad de los grupos parlamentarios.

Una vez que las Cámaras voten a los diez vocales, es el Congreso el encargado de designar entre ellos al titular de la Presidencia de RTVE, en otro pleno y por el mismo procedimiento de votación.