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Los líderes del procés, en manos del Supremo y del Gobierno al año de la sentencia


Un año después de la sentencia que condenó por sedición a los líderes del "procés", los políticos presos vuelven a estar en manos del Supremo, que debe revisar el régimen de semilibertad que les concedió la Generalitat, mientras aguardan el desenlace de los indultos que tramita el Gobierno. A primera hora de la mañana del 14 de octubre de 2019 y tras cuatro meses de un juicio que se consideró histórico, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sentenciaba que lo que ocurrió en el otoño de 2017 en Cataluña fue una sedición con "indiscutibles episodios de violencia", aunque no la suficiente para dar por probada el delito de rebelión que pedía la Fiscalía.

El exvicepresidente de la Generalitat y aún hoy líder de ERC Oriol Junqueras recibió el mayor castigo, 13 años de prisión por sedición en concurso con malversación; seguido de los 12 años para los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa; 11 y medio para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y 10 años y medio para los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull.

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart fueron condenados a nueve años, también por sedición; mientras que los tres exconsellers que entonces permanecían en libertad, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs, fueron sentenciados a un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 60.000 euros por desobediencia.

La sentencia, que dio pie a varias jornadas de protestas con unos disturbios inéditos en Cataluña, sorprendió a algunos al concluir que el propósito de los condenados era una "quimera" y que la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de septiembre de 2017 fue "simbólica e ineficaz", con el único fin de "convencer" al Gobierno de Mariano Rajoy para negociar.

Un año después, el foco sigue estando en el mismo tribunal, que debe revisar la semilibertad de los condenados a prisión: ya tiene sobre la mesa los recursos sobre los siete hombres presos en Lledoners, que tienen suspendidos el tercer grado, mientras que Forcadell y Bassa -internas en las cárceles de Wad Ras y Puig de les Basses- siguen disfrutándolo, desde mediados de julio.

Los efectos de la sentencia han llegado también al Gobierno, que ha empezado a tramitar las primeras peticiones de indulto y al Tribunal Constitucional, peaje obligado para que las defensas puedan acceder a la justicia europea y que ya está revisando sus recursos contra las condenas por sedición.

LA SITUACIÓN PENITENCIARIA

Tras pasar cerca de dos años en prisión preventiva, los líderes del procés encarcelados empezaron en febrero a disfrutar de salidas para trabajar o participar en labores de voluntariado, gracias al artículo 100.2 que les aplicó la Generalitat para flexibilizarles el régimen penitenciario, en su mayoría avalado por la justicia, pese a la oposición de la Fiscalía.

La pandemia trastocó durante unas semanas las salidas de los presos del procés, obligados a confinarse como el resto de reclusos, hasta que a mediados del pasado mes de julio el Departamento de Justicia decidió concederles el tercer grado, con lo que solo estaban obligados a ir a la cárcel a dormir, entre semana.

La Fiscalía no tardó en recurrir la semilibertad de los nueve reclusos ante los juzgados de vigilancia competentes, lo que dio lugar a dos situaciones divergentes: el tercer grado de los siete hombres presos en Lledoners fue avalado por el juzgado, aunque suspendido hasta que el Supremo se pronuncie, pero no así el de Bassa y Forcadell.

A finales del pasado mes de julio, los siete políticos presos en Lledoners regresaron al régimen ordinario, en las condiciones más estrictas porque tampoco pueden beneficiarse del 100.2, y aguardan desde entonces a que el Supremo resuelva los recursos de la Fiscalía contra su semilibertad.

En el caso de Bassa y Forcadell, por el contrario, los jueces descartaron suspenderles el tercer grado y siguen sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, con lo que su caso aún no ha llegado a la mesa del Supremo.

EL SUPREMO Y LA PRISIÓN

Los 100.2 que la Generalitat concedió a los presos del procés fueron avalados por la justicia, hasta que en el caso de Forcadell un juez decidió remitir el recurso al Supremo, en vez de a la Audiencia de Barcelona, que hasta ahora era el tribunal que tenía la última palabra en la flexibilización del régimen penitenciario.

En un duro auto de principios de julio, el Supremo entró de lleno en la situación penitenciaria de los condenados: no solo revocó las salidas del 100.2 de la expresidenta del Parlament, sino que se declaró competente, como tribunal sentenciador, para decidir sobre el resto de reclusos.

La resolución del Supremo, que sienta precedente jurisprudencial, contravenía así el criterio mantenido hasta ahora por la mayoría de los jueces de vigilancia y por la propia Fiscalía, que recurrió los 100.2 de los presos del "procés" ante las audiencias provinciales al considerarlas el órgano competente en la materia.

LOS INDULTOS

Pilló por sorpresa a todos, incluidos a los líderes soberanistas, cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció en el Congreso que el Gobierno iba a tramitar ya las peticiones de indulto de los condenados por el "procés", lo que desató una tormenta política.

El proceso puede demorarse entre ocho y diez meses, antes de que el Ejecutivo decida: para ello, debe recabar el informe sobre las peticiones de indulto al Supremo, que a su vez dará traslado a la Fiscalía para que se pronuncie.

Aunque el informe del Supremo, como tribunal sentenciador, es preceptivo pero no vinculante, el Gobierno suele atender al criterio que emiten los tribunales.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Los líderes independentistas, a excepción de Santi Vila, recurrieron la sentencia ante el Tribunal Constitucional al considerar que vulneraba toda una serie de derechos fundamentales.

Como ha sido costumbre en esta causa, los doce magistrados acordaron hace unos meses por unanimidad estudiar cada recurso. A lo que no accedieron fue a suspender temporalmente las condenas, como pedían los recurrentes, dado que es doctrina en el tribunal no hacerlo con las penas que superen los cinco años de cárcel.

Los recursos se repartieron entre varios magistrados, que revisan de manera independiente cada uno, dado que plantean problemas diferentes, aunque habrá un "recurso piloto" que probablemente sea el que plantee asuntos más complejos que afecten al resto y que marque la doctrina para los demás.

El magistrado y ex fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido es quien coordina, junto con el penalista Antonio Narváez, al equipo de letrados que ha revisado hasta la fecha todos los recursos del "procés" durante la instrucción de la causa.

Tras el TC, con toda seguridad los condenados acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, órgano en el que llevan depositando sus esperanzas desde el inicio del caso.