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La Asociación 'Trabajo y Democracia' promueve un Manifiesto en defensa de una Banca Pública

ASTRADE promueve el siguiente Manifiesto en defensa de que el Estado se dote de un polo de Banca Pública:

“Nuestro país necesita Banca pública. Es una necesidad social y política: social porque las necesidades de las familias, autónomos y pymes no son cubiertas adecuadamente por el mercado financiero privado y políticamente porque lo que hasta hace poco era un riesgo hoy es un hecho: se ha conformado un fuerte oligopolio financiero que concentrará, una vez se sustancie la anunciada fusión entre Caixabank y Bankia, el 75% del volumen de activos bancarios en cuatro entidades privadas. Solo la macro fusión anunciada esta pasada semana alcanzará un acumulado de activos equivalente al 60% del PIB español.

Millones de clientes sin capacidad de ahorro y cientos de miles de pequeños ahorradores se están viendo seudo expulsados de las oficinas bancarias: se les fuerza a operar en los cajeros automáticos, asumiendo el riesgo de manejo de efectivo en plena calle, fuera de la protección de la entidad, pero las comisiones que se les cobra por el mantenimiento de sus cuentas no han disminuido. Se desvía a la clientela a la banca electrónica, sin tener en consideración la brecha digital/generacional que sufren millones de ellos y ellas.

En la “España vaciada” se han cerrado las oficinas que prestaban los servicios bancarios básicos: más del 50% de los municipios del Estado español carece de oficinas bancarias.

El pequeño ahorrador, que se niega a jugar en el casino de la renta variable, necesita un banco de depósitos fiable y que no le sangre a comisiones abusivas e injustificadas en muchas ocasiones. Banco de depósitos que si fuese público serviría al propio Estado como fuente de financiación.

Cuando el Estado pone a disposición de autónomos y pequeñas empresas sus créditos oficiales: 2.500 M€ en 2018, 4.780 M€ en 2019 y 63.144 M€ (a 31 de mayo-20), lo hace a través de las redes de distribución de las entidades privadas, al carecer de una red propia para la distribución del crédito oficial, con las consecuencias negativas que esto conlleva para el autónomo y la pequeña empresa. Además, el Estado tiene que garantizar el acceso al crédito para vivienda a todos los ciudadanos y ciudadanas.

Estas y otras necesidades son las que tiene nuestra sociedad, es por ello necesario que el Estado garantice una economía productiva que ponga en circulación recursos de inversión a corto medio y largo plazo y dé cobertura a las necesidades financieras sociales, máxime cuando la banca privada compite salvajemente en el terreno de la inversión especulativa.

El balance del saneamiento de la banca, en términos económicos y de empleo solo puede calificarse de desastroso: unos 100.000 empleos destruidos: un 10% de ellos corresponde a Caixabank y Bankia en estos últimos años. Económicamente habría que saber cuánto dinero ha puesto el Estado en productos financieros como: avales, certificaciones y las inversiones de la Sareb, para poder cuantificar el coste del saneamiento del sector para el erario público, además de los 60.000 millones en capital efectivo aportados a las distintas entidades.

Hacer realidad una herramienta financiera y bancaria pública está al alcance de la mano del Gobierno:

• Paralizando la fusión Caixabank+Bankia para crear un polo de Banca Pública a partir del Instituto de Crédito Oficial + Bankia.

• Recuperando los más de 60.000 millones de euros entregados, directa o indirectamente, a la banca privada en los últimos diez años, de los que solo han retornado una parte exigua.