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Comienza el juicio a la exalcaldesa Sonia Castedo por el amaño del PGOU de Alicante

ALICANTE, 30/06/2020.- Los exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, durante la celebración del juicio por el por el presunto amaño del Plan General de Urbanismo (PGOU) de la ciudad de Alicante. EFE/Morell ALICANTE, 30/06/2020.- Los exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, durante la celebración del juicio por el por el presunto amaño del Plan General de Urbanismo (PGOU) de la ciudad de Alicante. EFE/Morell

La exalcaldesa del PP de Alicante Sonia Castedo, su antecesor, el también popular Luis Díaz Alperi, y el constructor Enrique Ortiz han compartido este martes banquillo de los acusados en el arranque del juicio por el supuesto amaño del Plan General de Urbanismo (PGOU) de la ciudad.

Se trata del mayor caso de presunta corrupción política en la ciudad de Alicante y es la principal pieza separada del denominado caso Brugal, que a raíz de intervenciones telefónicas de la Policía Nacional desveló una veintena de supuestas tramas en varias localidades de la provincia.

La sesión ha comenzado a las 10.19 horas en una sala sin acceso a la prensa para garantizar la separación que impone la COVID-19, donde los acusados, provistos de mascarillas, han ocupado los bancos normalmente utilizados por el público para asegurar una distancia de dos metros.

Con numerosa atención mediática los exalcaldes, el constructor Ortiz y la media docena del resto de acusados, incluido el hermano de la exalcaldesa, José Luis Castedo, han entrado uno a uno en la Audiencia Provincial alicantina entre las 9.40 y las 10.00 horas para la primera jornada de la vista, dedicada a las cuestiones previas.

Castedo ha evitado hacer declaraciones a los periodistas aparte de repetir "buenos días, muchas gracias" pero su antecesor en la Alcaldía, Luis Díaz Alperi, ha exclamado que "¡ya era hora!" de que se celebrase el juicio, por un supuesto amaño entre 2007 y 2010.

"Con mucha tranquilidad" ha dicho Díaz Alperi que afronta la vista oral, antes de añadir que desconoce si se anularán las escuchas telefónicas que han servido a las acusaciones, como sí ha ocurrido en otra de las ramas del Brugal: las de las basuras de Orihuela, donde se ha absuelto a los 34 enjuiciados.

El empresario y constructor Ortiz tampoco ha realizado manifestaciones antes de entrar, pero sí lo ha hecho el abogado de la acusación popular de EU-IU, José Luis Romero, que ha señalado que espera que el tribunal aclare si la confesión de Ortiz del pasado abril para evitar entrar a la cárcel se mantiene.

Esto es así porque hace una semana Ortiz presentó un escrito para informar de que tenía previsto retractarse tras la anulación de las escuchas en la causa del Brugal de Orihuela, ya que hace previsible que también beneficie a los acusados en este juicio. El tribunal de la sección Tercera de la Audiencia Provincial está compuesto por las magistradas Monserrat Navarro, Margarita Esquivá y Cristina Costa, que han garantizado con diversas medidas la limitación de aforo en la vista por la Covid-19.

El juicio deberá dilucidar si los dos exalcaldes, ahora apartados de la actividad política, concedieron un trato de favor al promotor Ortiz en la redacción del nuevo planeamiento de la ciudad a cambio de supuestas dádivas, entre ellas entregas de diversas cantidades de dinero en metálico, un coche modelo Mini Cooper y viajes con gastos pagados a Andorra, Ibiza y Creta.

Junto a Castedo, Alperi y Ortiz, también se sientan en el banquillo de los acusados el constructor ilicitano Ramón Salvador; los socios del bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa); y tres personas vinculadas a las empresas de Ortiz: su hermano, Virgilio Ortiz, Santiago Bernáldez y Pablo Rico.

Anticorrupción solicita diez años de prisión para Castedo, y 10 años y 2 meses para Alperi por favorecer presuntamente a Ortiz en el diseño urbanístico de la ciudad en su fase de redacción, entre 2007 y 2010.

El Ministerio Público les acusa a ambos de delitos continuados de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias, y en lo que respecta a Ortiz pide ocho años de prisión por un delito de tráfico de influencias y cohecho. EFE.