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La ley Celaá llega al Congreso ante las peticiones de retirada de PP, Vox y Cs


La reforma educativa del Gobierno, la Lomloe o ley Celaá, con la que quedará derogada la Lomce o ley Wert, llega este miércoles al Congreso y se tendrá que enfrentar a las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos, contrarios a esta norma por verla ideológica o que ataca la libertad de las familias.

El proyecto de la ley orgánica de modificación de la LOE, Lomloe, tuvo que ser aprobado por segunda vez en el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero por el cambio de legislatura y entró en la Cámara Baja en marzo.

El cierre del Parlamento el día 13 de de este mismo mes no evitó que siguieran los plazos para la presentación de enmiendas a la totalidad, que en principio concluía el 31 de marzo, pero se amplió hasta el 24 de abril, mientras que el de presentación de las enmiendas al articulado terminaba el 29 de abril, una fecha que se ha ido ampliando.

Este miércoles llega el momento de debatir las primeras de ellas, las de a la totalidad del proyecto, presentadas por PP, Vox y Ciudadanos, que pedirán la retirada de una ley defendida por la ministra Isabel Celaá con el objetivo de derogar la Lomce, en vigor desde 2013.

Según defendió la propia ministra la semana pasada, la Lomloe está alineada con la Agenda 2030, en especial con el punto cuarto, Educación de calidad, y el Gobierno espera que se acuerde en el Congreso de "manera amplia" y "conseguir la mejor ley posible".

ARGUMENTOS DE PP, VOX Y CS

El PP, que fue el primer partido en anunciar que enmendaría la totalidad del proyecto, la ve como una norma que se quiere "imponer" y respalda la continuidad de la Lomce. La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha comentado en alguna ocasión que la reforma educativa del Ejecutivo está hecha "de espaldas" a la mitad de la representación parlamentaria y de la sociedad española.

"Están a tiempo de retirar ese proyecto de ley y que nos sentemos con toda la comunidad educativa a trabajar", avisó Gamarra al Gobierno el pasado marzo, algo que no ha sucedido.

Una evaluación estatal en el Bachillerato que sea vinculante, el castellano como lengua vehicular, un MIR para el profesorado y la defensa de los centros de educación concertada, de educación especial y en el entorno rural son algunas de las propuestas del PP.

Vox, que presentó la enmienda a la totalidad de la Lomloe el pasado abril, cree que se trata de un proyecto que "responde a un verdadero mecanismo de deconstrucción social, cultural, al servicio de la ideología dominante del consenso progre y de orientación neocomunista, más propia de las dictaduras cubana y venezolana".

Además, "da la espalda" a la libertad de los padres a elegir lo que consideren bueno para sus hijos. No garantizar la libertad ideológica, quitar valor académico a la religión, que se desproteja a la familia y que se quebrante el principio de unidad de España, acentuando la ausencia del español en las comunidades con lengua cooficial, son otras muchas de las consideraciones de Vox en sus enmiendas para rechazar la Lomloe.

Si prosperase, según Vox, generaría "absentismo, frustración y fracaso escolar". Ciudadanos piensa que España necesita un pacto de Estado por la educación, dialogado y consensuado entre todas las fuerzas políticas y profesionales de la sociedad civil y recuerda que, de aprobarse, la ley Celáa sería la octava ley educativa en 40 años.

"PSOE y Podemos impulsan esta ley sin haberla debatido ni consensuado con las comunidades autónomas ni con nadie de la oposición, en un momento en el que, más que nunca, hay que sacar la educación del debate político, cuando hay mucha incertidumbre sobre el año académico de niños y jóvenes", ha señalado Ciudadanos.

Enmienda la totalidad del texto, entre otras razones, porque elimina el criterio de demanda social y relega la escuela concertada a un papel de subsidiaria, no garantiza que se pueda educar en español en toda España, quita las competencias de velar por que se cumpla la Constitución a la Alta Inspección Educativa y da esa potestad a los Gobiernos autonómicos, en algunos casos nacionalistas.

Entre los colectivos educativos contrarios a la Lomloe, como la Plataforma de Concertados, se ha criticado que el Gobierno "acelere la tramitación" en estos momentos de crisis sanitaria y cree que la norma "hurta el debate social, es un retroceso y pone límites a las libertades ciudadanas".

También son contrarios a la reforma la plataforma a favor de los centros de educación especial "Inclusiva sí, especial también", que han hecho un llamamiento a protestar al entender que los alumnos puedan ser cambiados a centros ordinarios aunque las familias no estén de acuerdo.

Por su lado, los colectivos críticos con la Lomce, entre ellos todos los integrantes de la marea verde, están a favor de su derogación cuanto antes. EFE.