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Organizaciones de infancia: "Los niños no pueden pagar el precio de la crisis"

Las principales organizaciones que velan por los derechos de los niños han reclamado en el Congreso que la infancia no sea la que pague el precio más elevado de esta crisis social y sanitaria y han instado a los gobernantes a que pongan a los menores en el centro de las políticas de reconstrucción.

Así lo han pedido este viernes durante su comparecencia en el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistemas de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados para abordar la necesidad de reforzar las políticas de infancia y reducir las desigualdades ya existentes antes de la crisis del COVID-19 que se han incrementado durante el estado de alarma.

El presidente de Unicef España, Gustavo Suárez Pertierra, ha valorado la importancia de que esta comisión escuche la voz de la infancia aunque sea a través de las organizaciones que defienden sus derechos y ha incidido en la necesidad de lograr un sistema sólido de protección social.

Ha advertido de que en estas crisis el gasto en infancia lejos de estar suficientemente blindado sufre el padecimienro de los demás gastos sociales, por ello la reconstrucción debería ir acompañada de una mayor y más eficiente inversión con un mayor peso de las políticas familiares.

"Somos conscientes de que si no se toman medidas urgentes esta crisis de salud se va a convertir en una crisis de derechos de los niños", ha advertido. El director ejecutivo de Save the Children, Andrés Conde, ha alertado por su parte de que la infancia corre el riesgo de pagar el precio más elevado y duradero de esta crisis y ha recordado que en España las familias con hijos pequeños son las más vulnerables.

"Un adulto puede vivir temporalmente bajo privaciones, pero un niño que a edades tempranas sufre privaciones materiales o de otro tipo, ve menoscabado su desarrollo físico, cognitivo y emocional", ha alertado.

Además, ha afirmado que "el cierre de un colegio es lo peor que le puede pasar a un niño", ya que estos centros, junto con los sanitarios de Atención Primaria, son los principales lugares para detectar situaciones de violencia intrafamiliar.

Las escuelas -ha destacado- son los lugares en los que se garantiza la socialización primaria, la alimentación, la supervisión del estado de salud, la protección frente a la violencia, etc.

Por eso ha reclamado que, ante el riesgo de un nuevo confinamiento, se arbitren mecanismos de denuncia accesibles para los niños y que en estos momentos no son factibles.

Conde ha explicado que cuando comenzó el estado de alarma contactaron con las familias y en aquel momento el 60 % tenía ingresos que no superaban los mil euros mes y destinaban más de la mitad de esa cantidad al pago de la vivienda.

Una semana después, su situación laboral se había deteriorado y un 60 % de los padres habían perdido el empleo, el 20 % convivía con personas ajenas al núcleo familiar y un 16 % vivía en viviendas que no tenían unas condiciones mínimas de habitabilidad.

Para afrontar esta realidad, ha reclamado que en el diseño del ingreso mínimo vital sea el umbral de pobreza el que determina la recepción de esta renta, es decir, que llegue a los 1,2 millones de familias que se encuentran en esta situación.

Sobre la violencia en la infancia, el director de Programas de la Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, ha detallado que durante los meses de confinamiento han atendido 3.803 peticiones de ayuda y han detectado 1.573 casos graves en los que los menores estaban sufriendo algún problema grave dentro de su propia casa.

En la primera semana observaron un porcentaje de un 36,1 % de casos de violencia, pero según pasaban los días, se ha ido incrementando progresivamente hasta llegar al 50,1 % esta última semana.

De todas las violencias, Ballesteros ha destacado la física en el seno familiar (17,9 % de los casos), seguida de malos tratos psicológicos (un 12,7 %) y abuso sexual (5,3 %).

Ha explicado que los niños que acuden a ellos hablan con miedo, tristeza, depresión, y tienen un componente de ansiedad muy alto. De hecho, han detectado cerca de un 8 % de menores con ideas o intentos de suicidio, cuando la media del año pasado era del 1,9 %.

Ha reclamado medidas para mejorar la conciliación porque "los padres están saturados y no pueden más" y ha pedido una regulación de la conciliación y que las familias con hijos menores de 14 años puedan adaptar su horario laboral al cuidado de los menores.

Ricardo Ibarra Roca, director de Plataforma de Infancia, ha subrayado la deuda pendiente con la infancia, y ha recordado que España tiene la tasa más alta de pobreza infantil, la segunda más alta de la UE, fruto de una falta de inversión, alrededor de unos 10.000 millones menos que la media europea.

Ha señalado que el confinamiento ha creado más desigualdades y un mayor impacto en la salud mental y en la violencia intrafamiliar, así como consecuencias en la conciliación, que se van a seguir manteniendo durante la desescalada y la "nueva normalidad", que no va a ser igual para todos.

Entre las medidas que ha propuesto, destacan la prestación por hijo a cargo y medidas de educación más inclusiva con becas y ayudas para los más vulnerables.

En cuanto a la conciliación, ha planteado permisos retribuidos para las familias de hasta el 50 % para los dos progenitores y de hasta el 100 % para familias monoparentales o numerosas. EFE.