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Aguado: "Si alguien ve algo ilegal en el apartahotel de Ayuso que lo denuncie"

  • Escrito por Ximena Hessling
  • Publicado en Nacional

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, sugiere que "si alguien considera que se ha cometido algo ilegal lo que tiene que hacer es denunciarlo", en alusión al alojamiento de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en un apartahotel de la cadena Room Mate.

Según publicó la revista Vanity Fair, Díaz Ayuso está instalada desde el pasado 16 de marzo en un apartahotel de lujo de la capital, propiedad del empresario Kike Sarasola, presidente de Room Mate. En una entrevista con la Agencia Efe, Aguado rechaza el "ruido" y las "insidias" que buscan "desestabilizar" al Gobierno regional.

El también portavoz del Ejecutivo madrileño invita a las personas que tengan algo que denunciar a que lo hagan y, mientras tanto, pide que se respete que cada uno pueda vivir donde quiera. "Si se cometiera alguna irregularidad por parte de cualquier miembro del Consejo de Gobierno, yo sería el primero que demandaría explicaciones, pero si no se cometen irregularidades me parece que es perjudicial para la imagen de la política y también para la propia sociedad el estar levantando sospechas sin que tengan fundamento detrás", asegura.

Muestra su confianza en su socia de Gobierno y en los consejeros elegidos por el PP para formar con Ciudadanos "un único tándem" que ponga en marcha el acuerdo de Gobierno firmado entre ambas formaciones. Para Aguado, el caso del máster de Cristina Cifuentes y el apartamento de Díaz Ayuso "no tienen nada que ver, son cosas totalmente distintas".

Explica que el caso máster "ya sabemos cómo se fraguó, lo que supuso y lo que había detrás", mientras que Díaz Ayuso ha optado por que su residencia "no le cueste un duro a los madrileños", cuando en otras regiones los presidentes autonómicos viven en instalaciones o dependencias de la propia comunidad autónoma.

Sobre el fallo en la adjudicación de un contrato a la cadena hotelera Room Mate, el vicepresidente indica que la Consejería de Políticas Sociales elaboró un informe "bastante detallado" acerca de lo que pasó, que fue "un error humano de una empleada pública" que asumió su equivocación, y además el responsable de ese equipo de funcionarios aceptó su culpa y presentó su dimisión.

El informe ya se ha trasladado a la presidenta madrileña, tal y como lo solicitó, y la Consejería de Políticas Sociales da por finalizada la investigación, aunque, según fuentes próximas a Díaz Ayuso, el proceso sigue abierto porque falta mucha información sobre lo ocurrido.

Aguado pide "disculpas" al empresario a Kike Sarasola, propietario de la cadena de hoteles Room Mate, "por los perjuicios y por el daño que se le haya podido ocasionar como consecuencia del error en la ficha que se elevó al Portal de Contratación" porque "ni Kike Sarasola ha cobrado un solo euro por la cesión de los hoteles ni había ningún tipo de voluntad de hacerle daño".

"No hay por qué hacer daño al empresario ni a la presidenta ni al Gobierno. Fue un error y lamentablemente tuvo más repercusión de la que nos hubiera gustado porque se corrigió en horas, pero fue tarde ya", admite. La cadena hotelera ha cedido a la Comunidad de Madrid sus seis hoteles en la capital durante la pandemia, cuatro para personal sanitario y otros dos para personas mayores sin coronavirus.

De los dos hoteles destinados a personas mayores sólo se ha puesto uno en marcha, sobre el que la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid firmó un contrato en el que figura como adjudicataria la Coordinadora del Tercer Sector, encargada de prestar los servicios sociosanitarios.

Sin embargo, en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid llegó a figurar como adjudicatario del contrato Room Mate por un importe de 565.749,58 euros con IVA incluido, lo que, según fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, ocurrió por "error".

Posteriormente, cambiaron en el Portal de Contratación el nombre del adjudicatario por el de la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid y redujeron el importe a 240.443,57 euros IVA incluido.

El contrato firmado, con fecha de 16 de abril, cifra en 157.393,47 euros el coste total del servicio, un importe inferior a la estimación inicial de 240.443,57 que hizo la Consejería, que justifica esa diferencia en la necesidad de hacer "una retención de crédito" en una situación de emergencia. EFE.