LA ZURDA

Joana Ortega niega que burlara su inhabilitación por el 9N asesorando al Govern

La exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega ha alegado ante la juez que en el cargo de asesora del Departamento de Empresa para el que fue contratada el año pasado no ejercía funciones de gobierno, por lo que no burló la condena de inhabilitación que se le impuso por organizar el 9N.

Ortega ha declarado este miércoles como investigada por un delito de quebrantamiento de condena ante la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, tras ser denunciada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por ejercer de asesora del Govern pese a que su inhabilitación para empleo y cargo público derivada de la sentencia del 9N no había expirado aún.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el TSJC denunció a Ortega ante los juzgados, al entender que había "burlado" la pena de nueve meses de inhabilitación con su contrato de asesora del Departamento de Empresa, un empleo "generosamente retribuido", según el alto tribunal, por el que cobró 32.110 euros brutos entre mayo y octubre del año pasado.

Por la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, el TSJC condenó por un delito de desobediencia a Ortega, así como al expresidente catalán Artur Mas y a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, a penas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito autonómico y del Estado.

Como consecuencia inmediata de su nombramiento como asesora del Govern, el TSJC dejó sin efecto la liquidación de la condena de inhabilitación de Ortega, que expiraba el pasado 19 de octubre, y que sí ha cumplido Rigau, mientras que la del expresidente Artur Mas finaliza el próximo domingo 23 febrero.

La juez instructora indaga además si Ortega eludió la condena de inhabilitación cuando el pasado mes de octubre fue elegida secretaria general de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), tal y como mantiene la Fiscalía, que abrió esa otra línea de investigación a raíz de una denuncia anónima.

En su declaración ante la juez, la exvicepresidenta de la Generalitat ha mantenido que el cargo de asesora del Govern no entraría dentro de los supuestos que veta la pena de inhabilitación para empleo y cargo público, dado que no incluye funciones de gobierno.

Ortega ha blandido ante la magistrada sendos informes jurídicos confeccionados por el Gabinete Jurídico y por el área de Función Pública de la Generalitat, cuya defensa aportará al juzgado, que avalaban que su contratación como asesora no suponía un quebrantamiento de la condena de inhabilitación.

La exvicepresidenta ha aducido también que su contratación era de dominio público, dado que la prensa informó de ella y fue oportunamente publicada en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), sin recibir ningún requerimiento judicial que le advirtiera de que estaba incumpliendo la condena que se le impuso por organizar la consulta del 9N.

Respecto a su nombramiento como secretaria general de la ACM -entidad municipalista que agrupa a ayuntamientos del entorno nacionalista-, ha argumentado que este no es un organismo público y que, en cualquier caso, sus funciones se circunscriben al ámbito local, fuera por tanto del alcance de la pena de inhabilitación para cargo público autonómico y estatal que le impuso el TSJC.

El TSJC entiende que la inhabilitación de Ortega le impedía acceder a un cargo como el de asesor "generosamente retribuido" con fondos públicos, a nombramiento "directo y discrecional" de quien ejerce gobierno, para el desempeño de funciones de asesoría en áreas de responsabilidad gubernativa "y precisamente en el mismo gobierno autonómico aprovechado para la comisión del delito antecedente".

Por el contrario, el alto tribunal avaló que Ortega mantuviera su compromiso como tertuliana de TV3 entre septiembre de 2018 y julio de 2019, ya que con ello no se incumplía ninguno de los requisitos afectados por la inhabilitación especial que le impuso el Tribunal Supremo, "por más que se trate de un ente de naturaleza pública". EFE.