LA ZURDA

CCOO denuncia que no todo vale en relación con los flujos migratorios

El TEDH asegura que los dos inmigrantes subsaharianos "se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad", al acceder "a lugares no autorizados" y "recurriendo a la fuerza".

El fallo a favor de España añade que los inmigrantes "decidieron no utilizar las entradas legales existentes que les permitieran acceder de modo regular al territorio español" y revoca de esta forma la sentencia condenatoria previa de la Sala de 2017 por "expulsión colectiva sin medida judicial previa".

Para CCOO, el fallo está absolutamente alejado del espíritu democrático que deben presidir las sentencias judiciales en el seno de la Unión Europea. El sindicato quiere subrayar que, en contra de la misma, además, está la vulneración de la Ley de Seguridad Ciudadana, por la ausencia de letrado e intérprete. O el hecho de que no se ha tramitado proceso administrativo de expulsión o devolución y que, en consecuencia, la expulsión fue una grave vulneración de Derechos Humanos.

“Hablamos de una práctica ilegal, como ya señaló el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en repetidas ocasiones. El control de fronteras y la contención de flujos migratorios no puede en ningún caso incumplir la legalidad vigente”, asegura Lola Santillana, secretaria confederal de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones de CCOO.

En palabras de Santillana, “se deben gestionar la inmigración y los flujos migratorios desde un punto de vista garante, eficaz y efectivo, pero ello no es incompatible con el respeto a los derechos humanos y los convenios internacionales”, concluye.

El Gobierno respeta y acata el aval de Estrasburgo a devoluciones en caliente

El Gobierno "respeta y acata", como hace con todas las resoluciones judiciales, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de avalar las devoluciones en caliente a Marruecos de dos inmigrantes que saltaron la valla de Melilla porque, según el fallo hecho público este jueves, "se pusieron en situación de ilegalidad" recurriendo "a la fuerza".

Así lo han transmitido a Efe fuentes del Ministerio del Interior nada más conocerse el fallo de la Gran Sala del TEDH, que revoca la condena que impuso a España en 2017 por la expulsión de N.D y N.T que, dice ahora, "decidieron no utilizar las entradas legales existentes que les permitieran acceder de modo regular al territorio español".

También la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha reaccionado inmediatamente al fallo, que en su opinión, debe implicar un cambio en la legislación en materia migratoria que clarifique "el protocolo de actuación de los agentes" frente a la entrada irregular de personas a España.

De esta forma, opina que hay que dotar de mayor garantía jurídica al trabajo de los guardias civiles, proteger las fronteras "eficazmente" garantizando al mismo tiempo los derechos humanos de los inmigrantes.

Según la sentencia dictada por unanimidad de 17 jueces de la corte europea, España no vulneró el artículo 13 (Derecho a un recurso efectivo) ni el artículo 4 del Protocolo 4 (Prohibición de expulsiones colectivas) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El fallo, contra el que no cabe recurso y que esperaban con atención los gobiernos europeos, dice que Estrasburgo "no puede hacer responsable al Estado de la ausencia en Melilla de una vía de recurso legal que les hubiera permitido recurrir la expulsión".

Los demandantes, N.D., de Mali, y N.T., de Costa de Marfil, llegaron a Marruecos entre finales de 2012 y comienzos de 2013 y acamparon varios meses en el campamento improvisado del monte Gurugú hasta saltar la valla el 13 de agosto de 2014, junto a casi un centenar de subsaharianos.

Una vez expulsados, repitieron el intento en octubre y diciembre de 2014. El primero fue reenviado a Mali y el segundo se encuentra en algún lugar de España.

El Tribunal Constitucional esperaba esta sentencia para pronunciarse sobre el recurso que el PSOE y otros grupos interpusieron contra la Ley de Seguridad Ciudadana o ley mordaza aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que regulaba las devoluciones en caliente a través de una disposición adicional. EFE.