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UGT censura la presión a funcionarios por la clasificación de los presos del "procés"

UGT Prisiones, mayoritario en este colectivo, ha censurado este jueves que algunos partidos políticos hayan exigido a la Secretaría de Medidas Penales un posicionamiento concreto respecto a la clasificación de los líderes presos del "procés" y ha considerado intolerable que se señale y presione a los funcionarios públicos.

En un comunicado, el sindicato ha tachado de "lamentable" que "las batallas políticas con intereses partidistas señalen a los funcionarios públicos" encargados de aplicar la legislación penitenciaria, un día después de que las juntas de las cárceles hayan propuesto clasificar en segundo grado a los presos soberanistas.

"De la misma manera que no se vería normal que los políticos de turno le dijeran a un bombero cómo se tiene que apagar un fuego o a un cardiólogo cómo se tiene que hacer un baipás, tampoco es admisible que se pueda cuestionar, aunque sea de forma velada, la independencia y profesionalidad con la que actúan los trabajadores penitenciarios de rehabilitación", ha sostenido.

UGT ha recalcado además que los funcionarios de prisiones actúan "bajo criterios exclusivamente técnicos" y ha reprochado que algunos políticos hayan usado a los medios de comunicación para poner en entredicho la labor de estos profesionales, "por muy excepcional que sea la situación".

Por eso, ha exigido "máximo respeto" por el trabajo de los equipos técnicos y las decisiones que toman y ha rechazado de plano "cualquier intento de cuestionar el rigor y la objetividad con la que se actúa diariamente".

Asimismo, el sindicato ha pedido a los partidos políticos "que centran buena parte de su agenda en hablar del funcionamiento del sistema penitenciario catalán" que se dediquen en cambio "a garantizar la seguridad de los centros, defender las condiciones laborales del personal y revertir la grave falta de personal".

UGT se ha expresado así después de que los presos de JxCat Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn mostraran ayer su confianza en que el Departamento de Justicia, que dirige la republicana Ester Capella y es el encargado de refrendar la propuesta de las juntas de tratamiento, corrija este parecer y les conceda el tercer grado.

Una opinión que expresaron también varios dirigentes de la formación postconvergente, quienes se mostraron "decepcionados" por la clasificación en segundo grado, que no contempla salidas pero puede flexibilizarse hasta condiciones de semilibertad. EFE.