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Del "Vente a Alemania, Pepe" a país de acogida: la revolución migratoria

  • Escrito por Soledad Álvarez
  • Publicado en Nacional

De país de emigrantes a país de inmigrantes: son las dos caras de un fenómeno que ha revolucionado la demografía de la España constitucional y estructura social de un país donde la convivencia democrática se ha combinado con la convivencia multicultural.

En 2018 no sorprende tener vecinos, amigos y hasta familiares de distintas nacionalidades; bajar a comprar "al chino"; pasear entre comercios de artesanía marroquí, productos rumanos o puestos de "kebab"; encontrar en un parque a bolivianos ensayando bailes típicos de su país o subir a un taxi conducido por un ucraniano.

También se han incorporado a nuestro vocabulario palabras como regularización, patera, cayuco o concertina. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España tiene hoy 46,65 millones de habitantes de los que 4,57 millones son extranjeros, lo que representa casi un 10 por ciento del total.

Una escenario muy distinto al de hace cuatro décadas: el año en el que se aprobó la Constitución abundaban en aquella televisión en blanco y negro los reportajes sobre los compatriotas que "suspiraban por España" por sus pueblos y por sus familias desde Alemania o Suiza.

1978: DOS MILLONES DE ESPAÑOLES EN TIERRA EXTRAÑA

En 1978 España era todavía un país de emigrantes: más de dos millones vivían "en tierra extraña" como decía la copla, obligados por la necesidad de buscar fuera el trabajo y expectativas de prosperidad que no les daba la España gris del franquismo.

A diferencia del primer gran movimiento migratorio que arrancó a finales del XIX con destino a las antiguas colonias americanas, en la década de los 60 y 70 del siglo XX se produce otro éxodo pero hacia Europa, principalmente a Alemania, Suiza y Francia: los dos primeros países acogieron cada uno de ellos más de 400.000 españoles desde 1960 a 1977 y Francia, más de 250.000.

Entre 1966 y 1975 los españoles que más emigraron fueron andaluces (230.754), gallegos (212.234), castellanoleoneses (81.564), valencianos (56.829), madrileños (44.677) y castellano-manchegos (31.210), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El destino preferido era Alemania, pero fue desplazado por Suiza que se mantuvo como principal receptor de españoles a lo largo de los años ochenta. En menor medida los Países Bajos y Reino Unido se convirtieron también en hogar de muchos emigrantes en aquella época.

LA CUESTIÓN MIGRATORIA EN LA CARTA MAGNA

Los constituyentes del 78 tuvieron muy en cuenta la tradición histórica de España como país de emigrantes, así como la importancia del exilio que provocó la Guerra Civil y la crisis económica de los 60 y 70: no es casualidad el artículo dedicado exclusivamente a esa cuestión, el 42.

"El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno", señala el texto constitucional. Precisamente, 1978 marcó un punto de inflexión y del "Vente a Alemania, Pepe" pasamos al "Pepe, vuelve pá España": comenzaba el regreso de los emigrantes que marcharon a Europa central. Solo aquel año ya retornaron 52.724 y en las siguientes dos décadas volverían unos 650.000.

La Carta Magna contiene diversos artículos que afectan a los emigrados y a derechos como la participación política. Es el caso del 68.5 donde se garantiza el derecho a voto de los españoles que se encuentren fuera del territorio nacional.

En otro, el 149, se establece como competencia exclusiva del Estado todo lo relativo a nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Y es que también la inmigración tiene reflejo en el texto constitucional, cuyo Título I (De los derechos y deberes fundamentales) arranca de hecho con el capítulo "De los españoles y extranjeros" y una serie de artículos que afectan a los foráneos residentes en el país.

Entre ellos, el 11.3 que establece la potestad del Estado para concertar "tratados de doble nacionalidad" con países iberoamericanos o aquellos que hayan tenido una "particular vinculación con España": otro reflejo de la sensibilidad del constituyente con los vínculos históricos con Latinoamérica y otros territorios como Filipinas o Guinea Ecuatorial.

EL "BOOM" DE LA INMIGRACIÓN

Hace 40 años en España residían 165.039 extranjeros, apenas un 0,7 por ciento de la población total. Eran sobre todo portugueses en busca de trabajo, seguidos de centroeuropeos cautivados por el clima y las playas, además de argentinos, cubanos, mexicanos o venezolanos.

Hoy, el escenario es radicalmente distinto: los extranjeros empadronados suman 4,7 millones de ciudadanos, nada más y nada menos que el diez por ciento de la población, según los últimos datos del INE.

La llegada de extranjeros a España experimenta un crecimiento constante desde 1980 pero es a mediados de los 90 cuando se dispara, en un contexto de expansión económica favorecida por el ingreso en la Unión Europea, y también marcado por el estancamiento demográfico en el país.

Solo 20 años después de aprobarse la Constitución, la población extranjera se había cuadruplicado (637.085 en 1998). Y continuó aumentando con una intensidad sin precedentes: en los siguientes trece años la llegada de inmigrantes a España se multiplicó por nueve.

La cifra cumbre en ese flujo se alcanzó a 2011 con 5,7 millones de extranjeros residentes, es decir, el 12,1 por ciento de la población total, según la estadística del padrón continuo del INE.

En la última década del siglo XX, los marroquíes eran el grupo de inmigrantes más numeroso (17,4% del total de extranjeros), seguidos de británicos (11,9%), alemanes (9,5%), portugueses y franceses (ambos con un 5,6%).

Con el nuevo milenio esa tendencia cambió y la novedad fue la llegada de latinoamericanos, procedentes principalmente de Ecuador, Colombia o Bolivia. A partir del 2000 comenzó también la progresiva llegada de ciudadanos de la Europa del Este.

China se convertiría también en otro importante foco emisor. La presión migratoria ha supuesto un auténtico reto para los diferentes gobiernos españoles y prueba de ello son las reformas y numerosas modificaciones que ha sufrido la Ley de Extranjería y las posturas encontradas sobre la regularización de inmigrantes o las actuaciones ante la entrada de ilegales.

LA CRISIS ECONÓMICA Y LOS NUEVOS EMIGRANTES

La crisis económica y financiera que comenzó en 2007 cambió de nuevo el sentido del flujo migratorio y España pasó a ser de nuevo un país de emigrantes: casi un millón de españoles, muchos de ellos jóvenes con un alto nivel de cualificación, se marcharon a otros países ante la falta de oportunidades y en búsqueda de trabajos acordes con su formación. Reino Unido y Alemania se convirtieron entre 2009 y 2017 en los principales lugares de acogida de esa nueva emigración, con un aumento de 57.770 a 127.920 actas consulares en el primer caso y de más de 76.000 (de 77.962 a 154.876) en el segundo.

La gran crisis también afectó a los extranjeros radicados en España y más de un millón optó por volver a sus países de origen o establecerse en otros a la búsqueda de mejores expectativas.

Desde 2014 han empezado a aumentar los retornos de emigrados si bien todavía hoy más de 2,4 millones de españoles residen en otros países: un millón y medio en América; 862.286 en Europa; 41.249 en Asia; 23.202 en África, y 22.565 en Oceanía.