Pilar Alegría pide dejar de utilizar las lenguas “como arma arrojadiza”

Así lo ha señalado Alegría en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la capital aragonesa en el primer encuentro Futuribles sobre innovación tecnológica, organizado por Prensa Ibérica.

La ministra se ha referido en este sentido a la sentencia que, desde este miércoles, fija que todas las escuelas e institutos catalanes deben empezar a impartir el 25 % de materias en castellano, como indicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al ordenar la ejecución forzosa de su propio fallo.

Sin embargo, en la víspera de que terminara el plazo, la Generalitat pidió al TSJC que declarara la "imposibilidad legal" de aplicarla en las escuelas bajo el argumento de que el decreto que aprobó el lunes el Govern, sin porcentajes para las lenguas, supone un nuevo "marco legal" que impide su ejecución.

En ese sentido, Alegría ha destacado que siempre ha manifestado una posición absolutamente respetuosa con las sentencias del TSJC por lo que, en este caso, mantiene la misma posición e insta a que sea el propio tribunal quien dictamine y quien dé la última palabra sobre esta cuestión.

Al respecto, ha añadido que al Ministerio le fue requerida información por parte de la Alta Inspección, algo para lo que desde las competencias de la cartera que dirige actuaron como el tribunal les sugirió, según ha apuntado.

Sobre esta cuestión, Alegría ha considerado que lo más importante y fundamental es que todos aquellos jóvenes y niños que, en estos momentos, se están formando en comunidades autónomas con lengua cooficial, cuando acaben la etapa obligatoria sepan desenvolverse en ambas lenguas con absoluta fluidez, ya sea catalán, gallego, vasco o valenciano.

En un desayuno informativo en el Foro Tribuna Barcelona, el conseller de Educación de Cataluña, Josep Gonzàlez-Cambray, se reafirmó este miércoles en que el objetivo de el nuevo marco legal es evitar "aberraciones judiciales y pedagógicas" como la sentencia del TSJC y garantiza que la responsabilidad jurídica de los proyectos lingüísticos recae "plenamente" en su consellería.

Cambray, además, reiteró que la voluntad de su Departamento no es aumentar las horas lectivas en castellano, sino que en los colegios de Cataluña "se imparta y se hable más catalán que ahora".