Maragall pide que la Abogacía del Estado apueste por la malversación atenuada

En una entrevista con EFE, el candidato republicano ha defendido la estrategia de la vía de diálogo entre la Generalitat y el Estado, pero ha acusado al Gobierno de no cumplir con su parte.

Hace una semana, la Fiscalía pidió 7 años de cárcel para el diputado de ERC y ex alto cargo del Govern Josep Maria Jové, y seis años y tres meses para el presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, al aplicarles la modalidad agravada de malversación, además de prevaricación y desobediencia, por organizar el 1-O.

El ministerio público siguió así el criterio del Tribunal Supremo, que en la revisión de la sentencia del 'procés' descartó que los gastos del 1-O encajen en el delito de malversación atenuada introducido en la reforma del Código Penal, previsto para los casos en que no hay ánimo de lucro.

Un hecho con el que Maragall cree que se ponen en evidencia las "contradicciones y diferentes actitudes dentro del Estado y la enorme responsabilidad del PSOE al gestionar esas contradicciones", como la interpretación que cúpula judicial y Fiscalía han hecho de la reforma legal pactada entre Gobierno y ERC y aprobada en las Cortes.

El alcaldable de ERC ha recordado que "hay una dependencia directa" de Fiscalía y Abogacía del Estado respecto al Gobierno y se ha mostrado tajante: "Aquí hay un incumplimiento claro de unos acuerdos, que existen. Estamos en condiciones de reivindicar los acuerdos y criticar los incumplimientos".

"Las fuerzas judiciales interpretan (los acuerdos), pero el Gobierno español debería estarlos respetando. Y cuando la Fiscalía dice lo que dice o la Abogacía del Estado veremos lo que dice, constataremos hasta qué punto están respetando o no los acuerdos", ha advertido.

Preguntado sobre si cree que la Abogacía y la Fiscalía deberían aplicar una modalidad atenuada de la malversación, Maragall ha respondido: "Eso es obvio, ¿no?", ha dicho con rotundidad. "Entiendo que deberían aplicar una interpretación que es evidente que se incluía y formulaba en la literalidad de los textos de la reforma del Código Penal que acordamos".

"Y aquí hay directa responsabilidad del Gobierno del PSOE, que es quien dirige este ámbito. Constataremos cuál es la actitud de fondo", ha recalcado.