Exigen al Estado 228.000 euros por no proteger a una víctima de explotación sexual que falleció

La reclamación presentada por el equipo jurídico de la entidad -en nombre de las asociaciones Ambit Prevenció, GENERA y Putas Indignadas- exige una indemnización a todas las administraciones que considera que fallaron en la protección de Lili, quien murió a los 41 años por una leucemia no tratada y con una salud deteriorada como consecuencia de años de «violencia extrema y acoso policial«.

La intención de las asociaciones es destinar esa indemnización a mejorar las condiciones de las trabajadoras sexuales de Barcelona y que las administraciones admitan sus «fallos» en materia de protección de las mujeres víctimas de trata.

Acoso policial y administrativo

Según exponen las asociaciones demandantes, Lili llegó a España en 2011 tras ser captada en su país de origen por una red de trata con fines de explotación sexual que ya la había forzado a prostituirse en 2006 en Rumanía, después de que falleciera su marido.

La red de proxenetas obligaba a la mujer a prostituirse en el barrio barcelonés del Raval, con violencia física y control sobre sus movimientos, y se quedaba con casi todo el dinero que ella recaudaba, aunque Lili enviaba lo que podía a sus dos hijos, que permanecían en Rumanía controlados por la propia banda.

La demanda mantiene que la policía y el Ayuntamiento de Barcelona tuvieron conocimiento ya en 2011 de la situación de Lili, que se había identificado como víctima de trata ante los cuerpos policiales y relató que estaba siendo explotada sexualmente y temía por la vida de sus hijos.

Por miedo a represalias, no llegó a denunciar a los miembros de la red que la explotaba, por lo que la policía le denegó la protección que sí se proporciona a las mujeres víctima de trata que delatan a sus proxenetas.

Con el paso de los años, añaden las demandantes, se fue deteriorando el estado de salud físico y mental de la mujer, obligada a trabajar en largas jornadas de entre 14 y 20 horas en la calle, al tiempo que sufría el «acoso policial y administrativo».

Ese acoso, precisan, consistió en detenciones continuas, multas por vulnerar la ordenanza municipal que prohíbe ofrecer servicios sexuales en la calle y una orden de expulsión por su situación irregular.

Nunca se adoptaron medidas

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual, documentó la situación de Lili e informó reiteradamente a la Fiscalía y a los cuerpos policiales de los indicios de que la mujer era víctima de trata, pero nunca se adoptó medida alguna destinada a protegerla a ella y a sus hijos, añade la demanda.

En marzo de 2019, recibió una brutal paliza de uno de los miembros de la red, pero desistió de acudir al hospital, porque temía que debido a su situación irregular fuera identificada y expulsada de España.

Al empeorar su estado de salud, tuvo que ser trasladada al Hospital del Mar, donde falleció el 30 de marzo de 2019 tras ingresar en la UCI: la autopsia determinó que la causa de la muerte era una leucemia sin tratar pero también documentaba numerosas lesiones, antiguas y recientes, en Lili.

Según mantienen las demandantes, solo después de su muerte la Fiscalía ordenó investigar a la red de trata que explotaba a Lili, en una causa que el juzgado acabó archivando porque no pudo localizar a los responsables del grupo, aunque la decisión ha sido recurrida.