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Empleadas de hogar, diez años perdidos para equiparar sus derechos laborales en España


  • Escrito por Nuria Cano y María Vicente
  • Publicado en La Zurda

Diez años después de su aprobación, el sistema especial para empleadas de hogar sigue sin garantizar los mismos derechos a las mujeres que conforman este colectivo que al resto de trabajadores en España, fundamentalmente el de cobrar el paro, una brecha que podría terminar cerrándose desde Europa.

En septiembre de 2021, en España se han registrado un total de 380.102 personas afiliadas en el sistema especial de empleadas del hogar, ubicado dentro del régimen general de la Seguridad Social y creado a finales de 2011.

Sin embargo, entró plenamente en vigor en 2012 como una especie de «tránsito» para equiparar todos los derechos de un colectivo marcado por el empleo sumergido.

Diez años después, sin derechos laborales

Diez años después, el trabajo de limpieza o cuidados pagado por horas «en negro» sigue teniendo un peso relevante como reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que contabiliza a 584.700 personas que afirman dedicarse al trabajo doméstico, es decir, que al menos dos de cada tres no están dadas de alta.

«Son un colectivo sin visibilidad», denuncia a Efe el abogado laboralista Javier de Cominges, del despacho Vento, que ha llevado ante la justicia europea la reclamación de una empleada del hogar a quien la Tesorería General de la Seguridad Social denegó su solicitud de cotizar para recibir el paro.

Su empleadora, explica Cominges, estaba dispuesta a abonar la cotización que solicitó la trabajadora, pero la Tesorería la rechazó porque el sistema especial para empleados de hogar no contempla la protección por desempleo.

Un fallo del TJUE puede dar derecho a paro a 400.000 empleadas

Este rechazo ha llevado al abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a considerar que España contraviene la normativa comunitaria al excluir a estas trabajadoras de la prestación por desempleo.

«La norma en la que se ampara puede ser neutra pero indirectamente discrimina a un colectivo al ser la mayoría mujeres», explica el abogado de Vento que recuerda que en siete de cada diez ocasiones, el TJUE falla en el mismo sentido que hace el abogado general.

«Antes de final de año podemos tener una sentencia vinculante para España», añade De Cominges, lo que obligaría a dar el derecho al cobro del desempleo a esas cerca de 400.000 empleadas tras una década en la que los distintos Gobiernos han ido posponiendo su reconocimiento, que de momento está aplazado hasta 2023.

Para la responsable del área de Migraciones de UGT, Ana María Corral, es necesaria una mesa de diálogo social que «será necesariamente compleja» para abordar los cambios tanto en la relación laboral como en la Seguridad Social.

Los afiliados en este sistema especial siguen sin cotizar por desempleo, ni para el Fogasa (fondo de garantía salarial) ni por formación profesional, por lo que tampoco tienen derecho a beneficiarse de estas contingencias.

Tampoco cotizan en función de sus ingresos reales, sino en base a diez tramos salariales.

Escollo para el convenio 189 de la OIT

La prestación por desempleo se mantiene como principal escollo para que España pueda suscribir el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleo doméstico, que ya han ratificado 30 países como Alemania, Italia o Portugal y que es una demanda de sindicatos y asociaciones sectoriales.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado dispuesta a trabajar en esa línea, tal y como subrayaba cuando se conoció la decisión del abogado general de la UE: «Que las trabajadoras de hogar no tengan derecho a paro nos aleja de la Constitución, de Europa y del convenio 189 de la OIT. Por eso seguimos impulsando su ratificación y trabajando para poner fin cuanto antes a esta discriminación».

Una ayuda extraordinaria en pandemia para 45.000 trabajadoras

Una de las pruebas más claras de esta carencia de protección se vio durante el confinamiento domiciliario por la pandemia, cuando el Gobierno tuvo que aprobar una prestación extraordinaria por desempleo para empleadas de hogar y que finalmente, según las cifras facilitadas a Efe por el Ministerio de Trabajo, recibieron 45.000 trabajadoras.

Un informe de Cáritas de principios de año aseguraba que el 75 % de las empleadas de hogar no pudo ni solicitar este subsidio, la mayoría de ellas por no estar cotizando, aunque también por las dificultades ante los trámites administrativos, que se acrecientan cuando eres extranjero.

Por nacionalidad, casi la mitad de las empleadas de hogar son extranjeras, predominando las procedentes de Rumanía (con 28.068 empleadas medias), seguidas ya de lejos por las bolivianas (10.519), colombianas (9.099), marroquíes (8.918), venezolanas (5.871), peruanas (5.629), ecuatorianas (5.175) y búlgaras (4.366).

«Muchas mujeres empleadas de hogar no han podido trabajar durante el periodo de confinamiento, lo que las ha empujado a graves situaciones de precariedad, teniendo en cuenta que el sector aún no cuenta con prestación por desempleo que pueda proporcionarles una eventual protección social ante situaciones de cese de actividad o, como ha sucedido con la pandemia, circunstancias extraordinarias», lamentaba Cáritas.

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