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La Ley de trata garantizará asistencia integral y papeles provisionales a las víctimas


(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)

Penas de prisión de seis meses a cuatro años para quien haga uso de servicios o prestaciones de las víctimas, entre las que destacan las mujeres forzadas a prostituirse, y asistencia integral a las víctimas, con autorizaciones de residencia y trabajo provisionales, son algunas de las medidas que plantea el anteproyecto de la ley integral contra la trata.

El texto aprobado este martes por el Consejo de Ministros persigue todas las formas de explotación vinculadas a la trata: la esclavitud, la servidumbre y los trabajos o servicios forzosos, la mendicidad, la realización de actividades delictivas, la prestación de servicios sexuales o reproductivos, la extracción de órganos o tejidos y los matrimonios o las uniones de hecho forzadas.

Una Relatoría Nacional sobre Trata y Explotación de Seres Humanos coordinará todas las políticas públicas.

Estos son varios de los ejes del anteproyecto de la Ley Integral contra la Trata:

Reformas penales de la Ley Integral contra la Trata

El anteproyecto reorganiza y precisa en el Código Penal la persecución de la trata y la explotación de seres humanos, tipificando los delitos de trabajos forzosos, servidumbre y esclavitud.

Para desincentivar la demanda, se tipifica también la utilización de servicios, prestaciones o actividades de las víctimas de trabajos o servicios forzosos, servidumbre o esclavitud.

Así, por ejemplo, quien haga uso de servicios sexuales prestados por una víctima de trata será castigado con pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación. Si se ha actuado «con imprudencia grave», la pena será de seis meses a dos años y medio. Solo quedará exento de pena quien, habiendo utilizado «ocasionalmente» los servicios de esas víctimas, lo denuncie.

También se castigará a quienes, sin ser autores de delitos de trata o explotación, lo faciliten mediante el alquiler de locales o alojamientos.

Identificación de las víctimas

El anteproyecto crea un Mecanismo Nacional de Derivación para detectar, identificar y proteger a la víctimas, que en ningún caso estarán obligadas a denunciar o a participar en la investigación penal para acceder a los derechos que les otorga la norma.

En cuanto se aprecien indicios razonables, la posible víctima será derivada a un centro de primera acogida y se iniciará el procedimiento de identificación formal con dos fases, una provisional y otra definitiva, en la que participarán las Unidades de Violencia sobre la Mujer.

Reforma de la ley de extranjería

La norma retoca la ley de extranjería y permite a las víctimas sin papeles con una identificación provisional solicitar autorización temporal de residencia y trabajo.

Cuando sea declarada de forma definitiva víctima, la autoridad competente «podrá facilitarle, a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia una vez reconocida la identificación provisional, o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, en atención a su situación personal, o cuando lo considere necesario a causa de su cooperación para los fines de investigación o de las acciones penales, y facilidades para su integración social».

En la actual ley de extranjería también se permitía regularizar a la víctimas sin papeles en atención a su situación personal, pero se situaba en primer lugar la colaboración con la policía.

El anteproyecto apuesta por el retorno asistido voluntario de las víctimas a sus países de origen, que recibirán ayuda para que puedan proporcionar una asistencia adecuada y a largo plazo a quienes regresen.

Derechos de las víctimas

Desde el momento de la detección, las presuntas víctimas tienen derecho a recibir información y asesoramiento y a ser derivadas de forma inmediata a los servicios especializados de asistencia y protección.

Ese apoyo comprende alojamiento apropiado y seguro, recursos básicos de subsistencia, asistencia médica y psicológica, asistencia social y asesoramiento legal. Se protegerá su privacidad y su identidad y tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita.

Tras su identificación definitiva tendrán derecho a la inserción social y laboral, a acceder al ingreso mínimo vital y a recibir una indemnización económica, que puede obtenerse de los tratantes o explotadores, en el marco del proceso penal, o cuando del Estado si no hay pronunciamiento judicial.

Más sensibilización y especialización

Para fomentar la concienciación social contra la trata se plantean medidas en el ámbito educativo, en el sanitario y en el empresarial, con medidas específicas de sensibilización en sectores que se consideran más precarizados o conectados con la economía sumergida: servicio doméstico, hostelería, agricultura, pesca, sector textil, construcción.

Se formará a los inspectores de Trabajo y habrá funcionarios especializados en cada provincia, con modelos de denuncia y protocolos de actuación.

El anteproyecto incorpora el deber de diligencia empresarial y en una futura ley se regulará obligaciones de las empresas, sanciones ye incentivos.

 

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