Una Comisión de la ONU confirma crímenes de lesa humanidad en Burundi

Foto de archivo de Pierre Nkurunziza. EFE/Archivo Foto de archivo de Pierre Nkurunziza. EFE/Archivo

Una comisión investigadora de la ONU informó hoy de que "se han cometido crímenes de lesa humanidad en Burundi desde abril de 2015" y pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra lo más pronto posible una investigación.

La información recabada por la comisión de la ONU permite confirmar la persistencia de centenas de ejecuciones extrajudiciales, de miles de detenciones arbitrarias, de centenas desapariciones forzadas, de centenas de casos de torturas y tratos crueles, y de decenas de víctimas de violencia sexual.

La violencia, de carácter político, estalló tras el anuncio del presidente Pierre Nkurunziza, el 25 de abril de 2015, de que se presentaría para optar a un tercer mandato presidencial consecutivo.

A pesar de que el aspecto étnico ha surgido en los enfrentamientos, las principales víctimas de la represión fueron los opositores políticos, sus familias y allegados, afirmó en rueda de prensa una de las miembros de la comisión, Françoise Hampson, quien explicó que este hecho es uno de los elementos que descarta la posibilidad de definir las atrocidades cometidas como genocidio.

"Para poder determinar que algo es genocidio tiene que haber una intención de aniquilar un grupo específico en base a su etnia, a su nacionalidad o a su religión.

En este caso la represión se concretó en opositores políticos, no había llamamientos a acabar con los tutsis sino con los opositores", especificó Hampson.

"Además, las pruebas recabadas no hacen concluir que hubiera una intención directa de eliminar un grupo específico", complementó el presidente de la comisión, Fatsah Ouguergouz. Lo que sí constataron los investigadores fue un extendido "discurso del odio" desde las más altas esferas del poder.

Todas las averiguaciones se han recogido en un informe que la comisión presentará en las próximas semanas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que le encargó esta investigación, y se establece con claridad que la mayoría de las graves violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por "miembros del servicio nacional de inteligencia, la policía y el ejército".

Igualmente responsable se considera a la liga de juventudes del partido de Nkurunziza, conocidos comúnmente como los "Imbonerakure". A los grupos armados opositores, el informe también les responsabiliza de ciertas abusos de los derechos humanos, pero en un grado muy inferior con respecto a los que se identifican en el caso de las fuerzas gubernamentales y el aparato estatal.

La comisión de la ONU no recibió ningún tipo de cooperación del Gobierno de Burundi para efectuar su trabajo y se le negó la entrada al país. Por esa razón, los comisionados viajaron a Uganda, República Democrática del Congo, Ruanda y Tanzania para reunirse con algunos de los 400.000 refugiados burundeses, además de varios contactos que establecieron a distancia, lo que les permitió entrevistar a más de 500 víctimas y testigos de atrocidades, además de a otras fuentes.

Sobre los crímenes de guerra, la comisión enumera en su informe una serie de ataques contra "una población en su mayoría civil compuesta de opositores al gobierno o de personas percibidas como tales".

Como responsables, se cita a personas del "más alto nivel del Estado, oficiales superiores y agentes del servicio nacional de inteligencia, de la policía, del ejército y de los Imbonerakure".

Junto con el informe, los comisionados elaboraron una lista de presuntos responsables de crímenes contra la humanidad, acompañada de información detallada de los casos en los que habrían participado, que entregarán al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein.

Sin embargo, la identidad de los implicados se mantiene en reserva por respeto al principio de presunción de inocencia. El informe menciona el hecho de que el servicio nacional de inteligencia -uno de los aparatos del Estado al que más responsabilidad se imputa- "depende directamente de la autoridad del presidente".

Asimismo, se establece que miembros -algunos de alto nivel- del servicio de inteligencia participaron en ejecuciones sumarias, arrestos y detenciones arbitrarias, entre otros, mientras que a la brigada antimotines de la policía también se le considera responsable de graves crímenes.

Sobre el papel de Nkurunziza, se afirma que "las grandes decisiones, incluidas aquellas que desencadenan graves violaciones de los derechos humanos, no son tomadas por el gobierno, sino por el presidente de la República, rodeado de un círculo restringido de generales".

Entre esos "generales" estaría el ministro de la Seguridad Pública, el administrador general del servicio nacional de inteligencia, el jefe de gabinete a cargo de la policía en la Presidencia, el responsable del gabinete civil, así como el secretario general del partido de gobierno.

"El círculo más cercano al presidente es directamente responsable de lo ocurrido", subrayó Hampson.