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AI celebra la resolución de la ONU sobre la crisis de DD.HH. en Nicaragua

La directora de Amnistía Internacional para las Américas Érika Guevara. EFE/Archivo La directora de Amnistía Internacional para las Américas Érika Guevara. EFE/Archivo

Amnistía Internacional (AI) celebró este jueves la decisión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de llevar a cabo un plan para poner en marcha en Nicaragua un sistema para vigilar la crisis de derechos humanos que azota el país.

"Al establecer la supervisión sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, ONU se ha negado a aceptar la impunidad por los delitos contemplados en el derecho internacional. (...) Este es un primer paso vital hacia la justicia, que envía un mensaje importante, para que la comunidad internacional no las olvide", detalló la directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas.

Además, la organización instó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a "ser firme" en la presentación de informes y la vigilancia.

Además de pedir al Gobierno de Nicaragua colaboración para "encontrar una solución que garantice el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación", añadió Guevara Rosas en un comunicado.

Los altercados en Nicaragua comenzaron tras reformas en el sistema de seguridad social el 18 de abril de 2018, cuando la población inició una serie de protestas generalizadas, que el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega, decidió reprimir violentamente, explicó AI.

Según la ONG, hasta el momento han fallecido 325 personas, principalmente a manos de las fuerzas de seguridad del estado y de grupos armados alineados con el Gobierno.

Además, más de 2.000 personas han resultado heridas hasta la fecha, cientos han sido detenidas y "decenas de miles", según el comunicado de AI, han huido del país. Desde entonces numerosos Gobiernos y organizaciones internacionales han dado cuenta de las violaciones a los derechos humanos sucedidas en territorio nicaragüense, como tortura o ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por personas afines al gobierno de Ortega.

A pesar de las advertencias y solicitudes, las autoridades han utilizado las cifras para criminalizar la protesta social que lleva casi un año en activo, consideró.

"Las organizaciones de la sociedad civil cuyo estatus jurídico fue cancelado por el gobierno siguen sin poder realizar libremente su trabajo en el país, y continúa el acoso contra periodistas y personas que defienden los derechos humanos", finaliza el comunicado de AI.

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