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La CIDH pide a Perú proteger la vida del fiscal que acusa a Keiko Fujimori


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó este lunes al Estado peruano resguardar la vida y la integridad del fiscal que lleva el caso de la derechista Keiko Fujimori, contra la que ha solicitado más de 30 años de cárcel por presunto lavado de dinero.

La CIDH concedió las medidas cautelares en favor del fiscal José Domingo Pérez y su familia, solicitadas por un grupo organizaciones defensoras de los derechos humanos, después de que un grupo de simpatizantes de Fujimori realizase un plantón frente a su domicilio.

Este suceso coincidió en el marco de la campaña electoral, donde tras haber denunciado sin pruebas fehacientes un supuesto fraude en los comicios presidenciales que perdió frente al izquierdista Pedro Castillo, el fiscal solicitó su regreso a prisión provisional por haber incumplido los requisitos de su libertad condicional.

Para la CIDH, la vida e integridad personal de Pérez se encuentran "en una situación de grave riesgo" y sus familiares "podrían estar en riesgo sus familiares por posible represalias" en contra del fiscal.

Pese a que el magistrado ya cuenta con escolta policial, la CIDH exhortó al Estado peruano a ejecutar todas las medidas necesarias para que Pérez pueda realizar sus labores sin temor.

Además del episodio del plantón frente al domicilio del fiscal, la Comisión ha evaluado otros antecedentes registrados desde que inició la investigación contra Fujimori, entre ellos el presunto intento de ingreso de personas desconocidas a su vivienda, supuestos seguimientos y acoso e insultos en redes sociales.

Actualmente la acusación presentada contra Fujimori por Pérez tras más de cuatro de investigación se encuentra pendiente de ser evaluada por un juez, que deberá decidir si abre el juicio contra la hija y heredera política de Alberto Fujimori (1990-200).

En esa acusación, el fiscal solicita 30 años y 10 meses de prisión contra la líder del partido fujimorista Fuerza Popular por presunto lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

Según el expediente del caso, Fujimori ocultó con una contabilidad falsa millonarias donaciones de grandes empresas para su campaña, entre ellas 3,6 millones de dólares de Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú, y aparentemente un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

Este caso ya llevó a Fujimori a pasar 15 meses en prisión preventiva entre 2018 y 2020, a donde podría volver después de que el juez a cargo de tutelar el caso le amonestara por saltarse las normas establecidas para su libertad condicional.