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Trece países europeos piden a Turquía que vuelva al convenio de Estambul


Trece países europeos pidieron este martes a Turquía que dé marcha atrás en su decisión de retirarse del Convenio de Estambul, el primer tratado jurídicamente vinculante de ámbito continental para la lucha contra la violencia de género.

"Queremos expresar nuestra solidaridad con las mujeres y niñas en Turquía y en otros lugares", subrayan 23 ministros de esos trece países en una carta publicada coincidiendo con el décimo aniversario del convenio que firman, entre otros, la titular española de Igualdad, Irene Montero.

Los ministros dicen estar "profundamente alarmados" por los "ataques sin precedentes a los derechos de las mujeres y a su seguridad" que, a su juicio, supone la decisión de Turquía de retirarse pero también la "campaña de desinformación y tergiversación" contra el tratado.

Se quejan de que los detractores han cargado contra su definición del género "como construcción social" o contra el hecho de que se exija la inclusión de material educativo sobre roles de género no estereotipados.

Más preocupante les parece la oposición al convenio de "algunos gobiernos y parlamentarios en el seno de la Unión Europea" a los que no citan en concreto, y que se ha traducido en "el estancamiento del proceso de ratificación por parte de la Unión Europea".

Hungría, Bulgaria y la República Checa son países de la Unión Europea que han firmado el Convenio de Estambul pero no lo han ratificado todavía, y donde se han producido agrios debates parlamentarios sobre el texto en los que ha sido acusado por algunos de pretender asentar una supuesta ideología de género.

Por ahora, hay 33 países del Consejo de Europa que lo han ratificado y en los que se aplica (serían 34 con Turquía, que ha avisado de que se retira) y otros once únicamente lo han firmado.

Hay dos -Rusia y Azerbaiyán- que ni siquiera lo han firmado. La Unión Europea, que no es miembro del Consejo de Europa, ha iniciado trámites para adherirse, al igual que Túnez y Kazajistán.

Los 23 ministros que suscriben la carta recuerdan que este instrumento jurídico "incluye un conjunto de amplias medidas para prevenir la violencia (contra las mujeres), proteger a sus víctimas y perseguir a los autores".

Aseguran que su aplicación "ha tenido ya un impacto real en Europa", ha contribuido a sensibilizar a la sociedad sobre la violencia de género, "ha sido determinante" para establecer "normas legislativas y políticas más ambiciosas" y ha proporcionado "mayor formación" a los profesionales que intervienen, como sanitarios o policías.

Por eso, dicen asistir con "gran preocupación" a la creciente oposición a "este convenio histórico" precisamente en un contexto de la pandemia en el que las denuncias por violencia doméstica aumentaron de forma significativamente en los primeros meses de la crisis.

"La prevención de todas las formas de violencia -argumentan- no es una cuestión polémica. La protección de las víctimas del abuso no es discutible. De hecho, es innegociable", recalca la carta.