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Victoria Rosell comparece en la Comisión de seguimiento para explicar el cumplimiento actual del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género


La delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha comparecido esta tarde en la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso de los Diputados.

Rosell ha empezado su comparecencia recordando a las personas que han sufrido más directamente esta pandemia, y a todas las víctimas de todas las violencias contra las mujeres, así como a sus hijos e hijas.

Victoria Rosell ha recordado que para poner en marcha políticas públicas eficaces "es necesario partir de un diagnóstico de la situación y de los problemas que afrontamos y a los cuales tenemos que poner soluciones". En ese sentido ha sido fundamental según la Delegada, contar con los datos de la Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer 2019.

Esos datos, ha afirmado Rosell, "nos están marcando las prioridades por las que debe transitar la acción de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Genero en los próximos años". Entre ellas, la necesidad de un abordaje integral "de todas las violencias sexuales, tanto las que se producen en el ámbito de la pareja como especialmente fuera de ella", objetivo fundamental del Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y de la Estrategia Nacional contra las Violencias Machistas 2021-2025.

La Delegada también ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar la respuesta institucional que reciben las victimas de violencias machistas, con el fin de mejorar su confianza en las instituciones y favorecer su acercamiento. O también, la urgente necesidad de abordar la situación de las y los menores víctimas directas de la violencia machista, a lo que va a contribuir sin duda, el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, actualmente en tramitación parlamentaria.

Desarrollo Pacto de Estado

En lo que se refiere a sensibilización y prevención, con un total de 55 medidas relacionadas con la educación y la formación en prevención de la violencia machista, la Delegada ha destacado el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; o el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos. Rosell ha anunciado otras actuaciones de sensibilización, como por ejemplo: "las que en estos momentos estamos programando para conmemorar el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, el 25 de noviembre", que incluyen una exposición contra la violencia sexual, un homenaje a las víctimas, y varios seminarios y conferencias, así como el apoyo a los actos que organiza cada Unidad de las Delegaciones del Gobierno en cada territorio.

En la mejora de la respuesta institucional, con 50 medidas dirigidas a perfeccionar los protocolos de actuación y de comunicación, con el fin de evitar el riesgo de victimización secundaria, y mejorar la confianza de las víctimas en las instituciones, Rosell ha señalado entre otras actuaciones, una de las principales demandas del Pacto de Estado, como es la ampliación de los sistemas que permiten acreditar las situaciones de violencia de género conforme a lo previsto en el artículo 18.4 del Convenio de Estambul, que establece que la prestación de los servicios destinados a las víctimas no debe depender de la voluntad de estas de emprender acciones legales ni de testificar contra el autor de delito. "Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Justicia para incluir a las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito como entidades habilitadas para la acreditación de las situaciones de violencia de género", ha afirmado. Tal como muestran los datos de la Macroencuenta, "el porcentaje que acude a la ayuda formal de policía y juzgados, un 27%, corrobora el acierto de estas medidas que abren otras puertas de protección".

Sobre el perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas, que lo componen 34 medidas del ámbito judicial, sanitario, dirigidas a grupos de mujeres especialmente vulnerables, con discapacidad, del ámbito rural, mayores, migrantes, así como medidas dirigidas a mejoras en el ámbito laboral, Rosell ha destacado la previsión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que para las víctimas de violencia de género, de trata y explotación sexual, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), no exige el requisito de estancia legal y continuada de un año. "Sabemos los problemas de gestión que ha sufrido o está sufriendo esta medida esencial para el escudo social y la igualdad", ha afirmado Rosell, "pero para las víctimas de violencia de género es una medida propia de un gobierno feminista que ayuda a salir de la pobreza y específicamente a salir de la violencia".

En lo que se refiere a intensificar la asistencia y protección de las y los menores de edad, con un total de 16 medidas dirigidas a mejorar la asistencia, protección y acompañamiento de los hijos e hijas de las víctimas, así como medidas dirigidas a prevenir la violencia de género entre los jóvenes y adolescentes, Rosell ha afirmado que "la protección de las y los menores que se encuentran en contexto de violencia de género es una de las principales preocupaciones de la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género". Recientemente, la Delegación ha dado a conocer los resultados de su estudio sobre la situación de las y los menores víctimas de violencia de género, dando así cumplimiento a la medida 143.

Sobre el impulso de la formación que garantice la mejor respuesta asistencial, compuesta por 10 medidas que instan a impulsar la formación de los distintos agentes para garantizar la mejor respuesta asistencial, la Delegada del Gobierno ha anunciado que para 2021, condicionado a la aprobación de los PGE, está previsto lanzar un proyecto de formación especializada en violencia contra las mujeres e incluir a los medios de comunicación que quieran participar en él.

Del seguimiento estadístico, con 9 medidas destinadas a mejorar el conocimiento de la violencia machista, y aportando datos más fiables, completos y detallados sobre sus formas, incidencia, causas y consecuencias, la DGVG, presentó el pasado 10 de septiembre los resultados de la Macroencuesta de Violencia Sobre la Mujer 2019, la mayor operación estadística sobre violencia de género para cuyo diseño se tuvieron muy presentes las propuesta del Pacto de Estado y las directrices marcadas por los organismos internacionales. Además de la Macroencuesta, desde la DGVG se están coordinando diferentes estudios y actuaciones en materia de seguimiento estadístico para dar más cumplimiento al Pacto de Estado.

Respecto a las recomendaciones a las CCAA, entidades sociales y otras instituciones, con 7 medidas, Rosell ha recordado que durante el año 2020, la Conferencia Sectorial de Igualdad se ha reunido en dos ocasiones, precedida siempre de la reunión de la Comisión Técnica. Además, desde el inicio del estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, desde la DGVG se ha mantenido, por vía telemática, un dialogo constante con las CCAA.

Sobre otras formas de violencia contra las mujeres, dónde se contemplan un total de 20 medidas destinadas específicamente a abordar otras manifestaciones de la violencia machista, como la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, violencia sexual, y los matrimonios forzados, Rosell ha destacado la aprobación por el Consejo de Ministros el 3 de marzo de 2020 del Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. "Con este anteproyecto se contribuye al cumplimiento de diversas medidas de los ejes del Pacto dada su vocación de tratamiento integral de todas las manifestaciones de la violencia sexual", ha afirmado.

A nivel del compromiso económico, con 7 medidas en las que se establece el sustento económico necesario para el desarrollo del Pacto, la DGVG ha querido destacar, que respecto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Ley de Presupuestos Generales del Estado contempla un crédito de 100.000.000 de euros para las nuevas y ampliadas competencias que corresponden a las CCAA. El reparto de los fondos entre las CCAA se ha acordado en las correspondientes reuniones de la Conferencia Sectorial de Igualdad.