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Venezuela, la oposición política aniquilada

  • Escrito por Alicia Hernández
  • Publicado en Internacional
El politólogo venezolano John Magdaleno ofrece una entrevista a la Agencia Efe el pasado 2 de junio, en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña El politólogo venezolano John Magdaleno ofrece una entrevista a la Agencia Efe el pasado 2 de junio, en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña

Los partidos de oposición en Venezuela han sido diezmados a golpe de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

De haber comicios hoy, ninguna de las principales agrupaciones podría presentarse. Todo en un año en que, si la COVID-19 lo permite, habrá elecciones parlamentarias. "Cada vez hay limitaciones mayores para competir seriamente.

En Venezuela hay un autoritarismo hegemónico, hay crecientes restricciones para los partidos de oposición. Las elecciones no son competitivas", resalta el politólogo y director de la firma Polity John Magdaleno.

Por su parte, el exrector del CNE, Vicente Díaz, explica que, del conjunto de partidos opositores que hacen vida política en Venezuela, los que actualmente están en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), "legalmente no pueden postular candidatos".

Esto, que Díaz califica como "un problema serio", es la deriva que ha sufrido el ecosistema de partidos opositores tras varios años de decisiones del CNE y del TSJ.

GANA LA OPOSICIÓN, CRECEN LOS OBSTÁCULOS

Los expertos consultados por Efe resaltan que, aunque ya había mecanismos contra sus oponentes, fue a partir de las elecciones parlamentarias de 2015, después de que la oposición ganara por mayoría la AN, cuando el Gobierno, a través de distintas instituciones, fortaleció los obstáculos electorales.

"(Hubo) cosas absolutamente irregulares que coincidían con el crecimiento de la fuerza de la oposición", señala Ignacio Ávalos, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV). El hito inicial fue, según enuncia Díaz, la eliminación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el sometimiento a fórmulas judiciales a su directiva.

"Su delito fue recoger firmas", señala. La MUD, o "la Unidad", era la plataforma con la que la oposición se presentó en bloque en varias elecciones, incluidas las parlamentarias de 2015. En 2016 promovió la recolecta de firmas para iniciar un proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, en ese momento en la mitad de su primer periodo presidencial.

En julio de ese año, el ahora ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y entonces alcalde de Caracas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, partido de Gobierno), pidió la anulación de la inscripción de la coalición opositora como partido político.

En 2018, una sentencia del TSJ ordenó que se excluyera a la MUD del proceso de renovación de partidos convocado. El CNE acató la decisión.

INHABILITACIONES MASIVAS

Precisamente ese proceso de renovación fue lo que, entre 2017 y 2018, llevó a la inhabilitación, por parte del CNE, de las tarjetas electorales de numerosos partidos, mediante un procedimiento consistente en la recolección de firmas y validación hecha por el ente electoral.

Denuncia Vicente Díaz que los obligaron a recoger firmas en tres ocasiones: "Las recogieron en la primera oportunidad. A la siguiente (los partidos) se negaron. Dijeron que era un plan sistemático para eliminarlos".

Entre los partidos que no pasaron la criba están Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT), los integrantes del denominado G4, la coalición opositora con mayor músculo electoral tras el fin de la MUD.

ESPECTRO CHAVISTA

El abanico político cambió y dejó una mayoría de partidos simpatizantes con el chavismo. "Los únicos partidos (opositores) que tienen habilitada su tarjeta son Cambiemos (una división de UNT), Avanzada Progresista (del excandidato presidencial Henri Falcón) y el Movimiento al Socialismo (MAS)", explica Vicente Díaz. Todos, con muy poca fuerza de voto.

Otro mecanismo que los opositores ven como un obstáculo es que el CNE "no admite la inscripción de algunos partidos de reciente fundación", explica Magdaleno. "Se usa la legalidad para inhibir la participación de sectores opositores", dice.

Este es el caso, por ejemplo, de Vente Venezuela, la agrupación de la dirigente opositora María Corina Machado.

EL TSJ CONTRA LOS PARTIDOS

El TSJ también ha cambiado, mediante sentencia, las juntas directivas de algunos partidos. "No es que anulan el partido, sino que se lo entregan a directivas que confronten menos con el Gobierno o abiertamente partidarias al Gobierno", matiza Díaz.

Ocurrió con la formación opositora Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), partido socialcristiano, y también con agrupaciones formadas por disidentes del chavismo, como Patria Para Todos (PPT) o Podemos.

En enero de este año, el diputado José Brito, expulsado de Primero Justicia, solicitó ante la Sala Constitucional del TSJ que se designe una nueva junta directiva en la organización.

La última medida ante el TSJ, aún pendiente de sentencia firme, fue el recurso que interpuso la Fiscalía, donde solicita al ente judicial que se declare a VP como "organización criminal". "Eso, en comunicación política, equivale a meter el pie en la puerta para ilegalizar luego a la postre", remarca Magdaleno.

ACCIONES CONTRA POLÍTICOS

Los obstáculos no se limitan a los partidos. "Hay persecución contra los líderes, algunos están encarcelados, otros han tenido que irse al exilio", matiza Magdaleno. Sin llegar al extremo con encarcelamientos, unas de las herramientas usadas es la de la inhabilitación administrativa.

El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles fue inhabilitado en 2017 por la Contraloría, acusado de no presentar un presupuesto durante el ejercicio fiscal de 2013. No podrá ejercer en política durante 15 años.

El líder de Voluntad Popular Leopoldo López también fue inhabilitado, condición que lo desvió de sus aspiraciones presidenciales en las elecciones primarias opositoras de 2012. Posteriormente fue sentenciado a cumplir 14 años de cárcel por promover una protesta antigubernamental en 2014 que dio lugar a actos violentos.

ELECCIONES EN EL HORIZONTE

Este año, deberían celebrarse elecciones parlamentarias, unos comicios que para el Gobierno dependerán de cómo evolucione la pandemia por la COVID-19. Para la oposición se añaden otras variables.

"Debería elegirse un nuevo CNE, habilitar a estos partidos, permitir el acceso de los medios de comunicación y que haya una amplia observación internacional que reconozca que eso fue una elección competitiva y justa", enumera el exrector Díaz.

Según el camino que se tome, a juicio de Díaz, se podrán solucionar los problemas actuales o enturbiar aún más las aguas de la vida política de Venezuela. Una aguas en las que la oposición navega cada vez con menos asideros. EFE.