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La ONU denuncia la grave y letal violación de los DD.HH. en Filipinas

La campaña antidrogas del presidente filipino Rodrigo Duterte iniciada en 2016, que ha provocado la muerte de al menos 8.663 personas, ha causado "graves violaciones de los derechos humanos", subraya un informe publicado hoy por Naciones Unidas en el que se destaca la impunidad de los crímenes.

En cinco años sólo ha habido una condena por el asesinato de un sospechoso, recuerda el informe elaborado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el que también se denuncia "la demonización de la disidencia" con la muerte de al menos 248 activistas, periodistas, abogados y miembros de sindicatos.

La lucha contra "amenazas a la seguridad nacional, reales o exageradas, ha conducido a graves violaciones en los derechos humanos, reforzadas por las perjudiciales declaraciones de las autoridades", declaró la responsable del equipo que elaboró el informe, Ravina Shamdasani, en rueda de prensa.

El informe resalta la frecuente llamada de los responsables a "eliminar" o "neutralizar" a sospechosos de traficar con drogas, "un lenguaje que, junto al apoyo por parte de las autoridades al uso de fuerza letal, puede haber llevado a la policía a tratar las normas como una licencia para matar".

Conocido por esta exaltación es el propio presidente Duterte, aunque el jefe de la oficina para Asia-Pacífico del alto comisionado, Rory Mungoven, aseguró que "no se trata de una investigación sobre él sino sobre Filipinas, recabando violaciones que se han dado durante largo tiempo y con distintos gobiernos".

En el documento se subraya que las redadas antidroga de la policía filipina se llevan a cabo rutinariamente sin orden judicial, y en ellas hay sospechas de falsear pruebas. Shamdasani explicó que en operaciones policiales investigadas en Manila se encontró que una misma arma había sido decomisada en distintas redadas, lo que hace sospechar que muchas de las víctimas no estaban armadas cuando fueron asesinadas.

La cifra de más de 8.600 muertes en operaciones antidrogas es la reconocida por las autoridades filipinas, aunque otras estimaciones indican que los números reales podrían ser tres veces mayores.

El informe denuncia también la "institucionalización" de los ataques verbales y físicos contra voces críticas al Gobierno, a menudo acusados de comunistas o terroristas, lo que "supone una amenaza a la sociedad civil y a la libertad de expresión".

Este lenguaje incendiario, que incluye incitación a la violencia contra periodistas y activistas o comentarios degradantes a mujeres defensoras de los derechos humanos, podría suponer una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señaló Shamdasani.

Los expertos del alto comisionado añadieron que es prematuro aún concluir que las violaciones documentadas constituyen crímenes contra la humanidad, algo que en su opinión requerirá "futuros exámenes".

La publicación del informe coincide con investigaciones preliminares de la Corte Penal Internacional sobre la guerra antidrogas en Filipinas, aunque el alto comisionado indicó hoy que también es responsabilidad de la justicia de ese país afrontar las acusaciones por su cuenta.

"Filipinas tiene mecanismos de investigación y justicia, el problema es que no funcionan eficazmente ante estas acusaciones", lamentó Mungoven La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó tras la publicación del informe que "es vital que el Gobierno filipino responda a los retos que afronta (pobreza, desigualdad, conflictos armados, etc.) respetando los derechos humanos y guiado por un diálogo eficaz".

También recalcó que "quienes venden o consumen drogas no pierden por ello sus derechos humanos" y "aquellos que no están de acuerdo con las políticas gubernamentales y las critican, también en foros internacionales, no pueden ser demonizados".

El informe, basado en casi 900 piezas de documentación procedentes del Gobierno filipino, informes policiales, actas judiciales y otras fuentes, será presentado en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos que se celebrará en Ginebra, posiblemente este mes, aunque las medidas de prevención contra la pandemia de la COVID-19 han impedido fijar una fecha exacta.

Los autores del informe valoraron la colaboración del Gobierno filipino, que aportó información y comentarios durante su redacción, aunque el personal del alto comisionado no pudo visitar Filipinas. EFE.