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La Fiscalía de El Salvador investiga la irrupción en el Congreso de militares

SAN SALVADOR (EL SALVADOR) 12/02/2020- Estudiantes de la estatal Universidad de El Salvador (UES) participan este miércoles en una concentración en las calles cercanas al campus del centro de estudios en San Salvador (El Salvador). El ingreso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, junto a militares y policías al Congreso el domingo ha generado una muy débil respuesta popular, como es el caso de una protesta que este miércoles ha reunido apenas a medio centenar de estudiantes en la capital del país. EFE/Rodrigo Sura SAN SALVADOR (EL SALVADOR) 12/02/2020- Estudiantes de la estatal Universidad de El Salvador (UES) participan este miércoles en una concentración en las calles cercanas al campus del centro de estudios en San Salvador (El Salvador). El ingreso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, junto a militares y policías al Congreso el domingo ha generado una muy débil respuesta popular, como es el caso de una protesta que este miércoles ha reunido apenas a medio centenar de estudiantes en la capital del país. EFE/Rodrigo Sura

La Fiscalía General de El Salvador ha iniciado una investigación sobre las personas involucradas en la irrupción en la Asamblea Legislativa del presidente Nayib Bukele el domingo con agentes armados, informó este miércoles en un comunicado.

"La obligación de la institución (fiscal) es perseguir el delito y garantizar la legalidad, por tanto, si la investigación iniciada arroja indicios de delito, se tomarán acciones legales contra las personas involucradas", señaló la FGR.

Añadió que el fiscal general salvadoreño, Raúl Melara, considera que el orden constitucional se puso en peligro y ha llamado a la calma y al consenso.

"Estas acciones pusieron en riesgo el Estado de derecho, la división de poderes y el orden constitucional", subrayó.

El Ministerio Público reconoce el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, pero no a llamar a la violencia o amenazar a las instituciones.

Agregó que la petición de cualquier ciudadano a sustituir, intervenir o coaccionar de manera ilegítima a cualquier institución del Estado va en contra de la Constitución y atenta contra el Estado de derecho.

El Salvador espera que los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelvan una demanda de inconstitucionalidad relacionada con los hechos ocurridos el fin de semana pasado, generados por la no aprobación en la Asamblea Legislativa de un préstamo de 109 millones de dólares para la tercera fase de un plan de seguridad contra las pandillas.

Los jueces, en una resolución de admisión de la demanda emitida el lunes, prohibieron al presidente Bukele utilizar al Ejército para "actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos". El Gobierno manifestó en un comunicado que no comparte la decisión judicial pero que acatará las medidas cautelares.

El Ejecutivo de Bukele atribuye al Plan Control Territorial la bajada de los homicidios desde junio de 2019, mes en el que fue lanzada dicha iniciativa. EFE.