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La UE está abierta al diálogo con Polonia, asegura la Comisaria Europea

Varsovia (Polonia), 28/01 / 2020.- El Jefe de la representación de la Comisión Europea (CE) en Polonia, Marek Prawda (L) y la Vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea (CE) Vera Jourova (R), ante el reunión con el Defensor del Pueblo polaco Adam Bodnar (no en la foto) en Varsovia, Polonia, el 28 de enero de 2020. (Polonia, Varsovia) EFE / EPA / MATEUSZ MAREK Varsovia (Polonia), 28/01 / 2020.- El Jefe de la representación de la Comisión Europea (CE) en Polonia, Marek Prawda (L) y la Vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea (CE) Vera Jourova (R), ante el reunión con el Defensor del Pueblo polaco Adam Bodnar (no en la foto) en Varsovia, Polonia, el 28 de enero de 2020. (Polonia, Varsovia) EFE / EPA / MATEUSZ MAREK

La comisaria de Valores y Transparencia de la Unión Europea (UE), Vera Jourova, aseguró hoy en Varsovia que Bruselas mantiene "la puerta abierta" a un diálogo con Polonia sobre la polémica reforma judicial impulsada por el gobierno polaco, calificada por la Comisión Europea de ataque al Estado de derecho.

Jourova se encuentra en Varsovia para reunirse con los presidentes del Parlamento y del Senado polacos, así como con el viceministro de Exteriores, la presidenta del Tribunal Supremo y otros funcionarios, jueces y miembros de partidos políticos.

Desde su primera victoria en 2015, el partido gobernante de Polonia, la formación nacionalista Ley y Justicia (PiS), ha promovido una serie de reformas judiciales muy criticadas por la UE y por la oposición local.

Medios polacos se han hecho eco en los últimos días de la posibilidad de que Bruselas pueda congelar fondos comunitarios destinados a países que infringen con sus normas nacionales el Estado de derecho y los valores europeos.

Mientras, las tensiones entre el poder político y los jueces en Polonia se han intensificado después de que el Tribunal Supremo polaco haya cuestionado la validez de los nombramientos de magistrados designados bajo la nueva regulación promovida por el Ejecutivo, algo que ha provocado las iras del Gobierno, que acusa a este tribunal de asumir competencias que no tiene.

Por su parte, el Gobierno del PiS ha pedido al Tribunal Constitucional que determine si el Tribunal Supremo tenía derecho a pronunciarse sobre la legitimidad de los jueces nombrados en virtud de la nueva normativa. EFE.