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Human Rights Watch señala preocupación por la financiación del BCIE a El Salvador


(Tiempo de lectura: 2 - 3 minutos)

La organización Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación por la financiación que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) brinda a El Salvador a través de préstamos que están siendo destinados, según HWR, a acciones y entidades que "violan derechos humanos".

Así lo manifestaron Juanita Goebertus, la directora de la División de las Américas de HRW, y Juan Pappier, director asociado en funciones. Goebertus explicó, durante la presentación virtual de un informe sobre violaciones de los derechos humanos en el contexto de un régimen de excepción en El Salvador, que a la organización le preocupa "muchísimo la forma en la cual el banco ha venido financiando al Gobierno salvadoreño".

Específicamente, la directora del HRW se refiero a préstamos que supuestamente han sido enfocados a reducir el hacinamiento carcelario en el país centroamericano. No obstante, el Gobierno del presidente Nayib Bukele implementa una política, de acuerdo con Goebertus, de hacinamiento que "evidentemente viola derechos humanos".

El Salvador se encuentra desde finales de marzo bajo un régimen de excepción, que cumplió 8 meses de vigencia, que suspende varios derechos constitucionales y mediante el cual se realizaron detenciones masivas de personas, tras una ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.

Bajo la medida del estado de excepción han sido capturados, según las autoridades salvadoreñas, más de 59.000 pandilleros y personas ligadas a estas bandas. El elevado número de capturados agrava, de acuerdo con diversos sectores, la situación de hacinamiento carcelario que ya tenía El Salvador.

"Vemos que (el banco) no esté dispuesto a establecer, hasta este momento, condicionamientos claros para que políticas del Gobierno que han terminando generando el incremento de hacinamiento, como lo documenta el informe, no signifiquen retener recursos y tener algún margen de maniobra para que el Gobierno cambie ese tipo de políticas", apuntó Goebertus.

Pappier, por su parte, aseguró que la organización quiere que el problema del hacinamiento carcelario "se enfrente y solucione", pero tiene "poco sentido dar un préstamo para frenar el hacinamiento a un Gobierno que tiene el hacinamiento como política de Estado y de seguridad".

Señaló que a HRW también le preocupa un préstamo que va dirigido específicamente al plan de seguridad Control Territorial, por un total de 200 millones de dólares. Por este préstamo el presidente Bukele presionó en febrero de 2020, según reconoció él, con la entrada en la Asamblea Legislativa de militares y policías armados con fusiles de asalto.

Otro, según el director asociado, es un préstamo por 70 millones de dólares destinados a la Fiscalía General de la República (FGR), el cual "nos parece que debe de ser suspendido porque estamos hablando de una entidad que carece de toda independencia y ha estado involucrada en gravísimas violaciones a derechos humanos".

La Fiscalía es dirigida por Rodolfo Delgado, quien llegó al Ministerio Público tras la destitución de Raúl Melara el 1 de mayo pasado, cuando asumió una nueva Asamblea Legislativa con amplía mayoría oficialista, y antes de su nombramiento se desempeñó como asesor del Gobierno de Bukele.

"Poco sentido tiene darle dinero a una entidad que participa en violaciones a derechos humanos y que no tiene ningún interés en administrar justicia de forma seria e imparcial", apuntó.