LA ZURDA

La represión del movimiento obrero en la Década Moderada (1844-1854)

La Década Moderada, que inicia el reinado efectivo de Isabel II, se caracterizó por una mayor represión del movimiento obrero en relación con la época de las Regencias, donde aunque también se reprimió con contundencia hubo algunas actitudes más paternalistas o conciliadoras. Este recrudecimiento de la represión obedece a dos causas. Por un lado, avanzó el capitalismo fabril en Barcelona y su área, por lo que las contradicciones del sistema se agudizaron y con ellas se articuló más la conciencia obrera. Pero, además, porque los moderados tenían muy claro que había que reprimir sin contemplaciones cualquier contestación social, a medida que iban construyendo el Estado liberal desde su perspectiva conservadora. En esa línea estaría la represión sin contemplaciones de cualquier movimiento revolucionario que fuera alimentado o sugestionado por el 48 europeo, las reformas legales para incluir en el Código Penal la persecución del asociacionismo obrero ilícito, o la creación de la Guardia Civil para la protección de la propiedad y el orden en el campo. Narváez tuvo un especial protagonismo en el diseño de esta política.

En otoño de 1844 se dieron instrucciones para la intervención y prohibición de las sociedades de socorros mutuos que solían encubrir verdaderas sociedades de resistencia, precursoras de los sindicatos. En septiembre de ese año, el capitán general de Cataluña ordenó al Ayuntamiento barcelonés que interviniera la “Compañía Fabril” porque consideraba que era un foco revolucionario. En octubre se reemprendió la persecución de la poderosa Sociedad de los Tejedores. Además, se estipuló la protección de los esquiroles y la persecución de los agitadores, aunque, bien es cierto, que se instó a los patronos a que respetasen los salarios estipulados. El Bando de 21 de octubre de 1844 es significativo en la historia de la represión del movimiento obrero español, ya que prohibía a trabajadores y patronos la creación de comisiones u organizaciones que les representasen. Las peticiones debían hacerse individualmente, según el espíritu del liberalismo económico más clásico. Los conflictos laborales se resolverían ante una Junta creada para ello. El incumplimiento de lo dispuesto llevaría a la cárcel. En principio, estas medidas del último trimestre del año trajeron la paz social para el próximo año de 1845 pero poco más, ya que al final del invierno de 1846 estalló un fuerte conflicto con una huelga en Sabadell. En 1848 se dio un episodio ludita en Igualada con la quema de una fábrica. Además, a pesar de la prohibición, las sociedades obreras seguían funcionando en la clandestinidad. El poder era consciente de esta realidad y decidió elevar el nivel de represión aprovechando las reformas administrativas que estaba emprendiendo. Así pues, en el Código Penal de 1848 se establecieron penas contra las sociedades ilícitas, es decir contra aquellas no autorizadas o que tuvieran como objetivo luchar por cuestiones salariales, las sociedades de resistencia.

Los gobiernos moderados se empeñaron en la represión para evitar la explosión social. Pero los obreros no se rindieron y optaron por dos alternativas. O pasaron a la clandestinidad, o promovieron la creación de sociedades de socorros mutuos. Las autoridades, especialmente los gobernadores civiles, eran conocedoras de estas actuaciones obreras y durante los años 1850 y 1851 abundaron las circulares y disposiciones en las que se advertía de la necesidad de reprimir a quienes promoviesen el asociacionismo en las fábricas. El gobierno aprobó en agosto de 1853 una real orden restrictiva hacia las sociedades de socorros mutuos, al ser consciente de que daban cobertura a otros objetivos de tipo sindical.

En el mes de marzo de 1854 estalló la huelga de tejedores en Sants, extendiéndose a Barcelona y otras localidades catalanas. El capitán general ordenó la detención de los líderes, provocando el motín de los trabajadores y la consiguiente carga de la fuerza pública con muertos, heridos y muchas detenciones. La tensión se prolongó hasta principios de abril con amenazas del capitán general y reforzamiento de las guarniciones militares.

Al terminar la huelga, el Ayuntamiento de Barcelona intentó mediar y buscar alguna solución. Para ello, creó una comisión para negociar con los obreros. Los representantes de los trabajadores elevaron un documento con varias peticiones. La principal tenía que ver con la autorización de las sociedades obreras. Pero la autoridad militar optó por la fórmula tradicional de crear organismos para intentar resolver los conflictos. En este caso, se trataría de tribunales en cada localidad con fábricas. Por otro lado, se permitió la existencia de sociedades de socorros mutuos, pero vigiladas e inspeccionadas en materia de fondos para que no fueran empleados para crear y sostener cajas de resistencia en las huelgas. Las decisiones del capitán general fueron elevadas a real orden, pero estalló la Vicalvarada poniendo fin a la Década Moderada.

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.