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Los dependientes de comercio ante la jornada de ocho horas (1919)

En vísperas de la entrada en vigor de la jornada laboral de ocho horas, que tuvo lugar el primero de octubre de 1919, la Federación Nacional Española de Dependientes de Comercio (UGT), integrada por 150 organizaciones, emitió un comunicado, publicado en El Socialista del 30 de septiembre, que pasamos a reseñar en este artículo en referencia a los problemas que se podían presentar para su aplicación en este sector comercial, y que nos ofrece la visión sindical de las intensas polémicas que generó esta reforma legal, un aspecto que merece más atención historiográfica.

Al parecer, en los días previos a la entrada en vigor de la reforma legal habían aparecido en la prensa notas de las Cámaras de Comercio de Barcelona y Madrid protestando por la inclusión de este sector de servicios dentro del real decreto del 3 de abril sobre la jornada laboral de ocho horas. También lo estaban haciendo la Cámara de Industria, la de Defensa Mercantil Patronal y el Círculo de la Unión Mercantil. Esto había motivado que la Federación optase por emitir una nota oficiosa.

La Federación consideraba que no podía callar porque los argumentos que empleaba la patronal para defender sus “intereses de clase” faltaban a la verdad y buscaban indisponer la opinión pública contra los trabajadores. Esos argumentos pivotaban sobre en la supuesta subida de los precios de los artículos de primera necesidad. Pero había más.

En primer lugar, la Federación consideraba que era cierto lo que decía la patronal cuando afirmaba que un real decreto no podía anular una ley votada en Cortes, pero cuando se publicaba un real decreto se podía recurrir contra él si alguien se sentía perjudicado dentro de lo marcado en relación con los plazos legales, empleando la vía contencioso-administrativa. Y como la patronal había dejado pasar este plazo sin entablar reclamación legal alguna, era indudable que el sector de la “dependencia mercantil” estaba dentro de lo establecido en el real decreto de abril.

Es más, los sindicalistas recordaban que, en realidad, no había una ley superior sobre esta cuestión que pudiera entrar en colisión con el real decreto. En este sentido, recordaban que la ley de 4 de julio de 1918 regulaba el descanso de las personas empleadas en el comercio. Es más, en toda legislación sobre jornada máxima siempre se prohibía que se pudiera rebasar la misma, pero no disminuir.

En segundo lugar, la Federación consideraba falso que se iba a encarecer el precio de las subsistencias, porque la legislación previa (la del descanso) establecía que los establecimientos que vendían productos de primera necesidad (alimentación) no estaban incluidos en el cierre de los comercios por doce horas consecutivas como el resto. Como la mayoría de los establecimientos que expendían estos artículos estaban abiertos más de doce horas y el dependiente no podía trabajar más de diez horas, parecía evidente que solamente se habían dado dos situaciones: o los patronos habían hecho trabajar más horas a los dependientes, incumpliendo la ley, o para cumplirla habían establecido turnos, que era lo que se había hecho en la mayoría de los casos, sin que aumentasen de los precios de los artículos de subsistencias. Esos precios habían aumentado, ciertamente, de forma desorbitante y escandalosa pero antes de la existencia de la ley del descanso y del real decreto de las ocho horas, en los años de la Gran Guerra. La reducción de la jornada, por lo tanto, no podía argumentarse para afirmar que subirían los precios. Eso había ocurrido por las exportaciones autorizadas o clandestinas, el acaparamiento, el afán de lucro de muchos comerciantes, como se había producido al amparo de la guerra y también después de la misma, aplicando mecanismos como el conocido como remarcado, que no era otra cosa que subir el precio de los artículos cuando había escasez en el mercado, aunque el comerciante tuviera existencias.

En tercer lugar, la Federación no aceptaba que la patronal considerase que el trabajo de los dependientes no se pudiera equiparar con el de los demás obreros, que su jornada nunca era continua, que resultaba una labor fácil y agradable, que se realizaba en locales higiénicos, y ni mucho menos que la implantación de la jornada laboral de ocho horas para la dependencia sería su ruina, porque ya lo habían dicho cuando había entrado en vigor la ley del descanso dominical y no había pasado nada.

El comunicado se encuentra en la primera página del número 3702 de El Socialista.

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.