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Los socialistas y la cuestión del trabajo de los reclusos en Burgos en 1891


El segundo Congreso socialista, celebrado en el verano de 1890 en Bilbao, ha pasado a la historia por la decisión del PSOE de concurrir a las elecciones, una vez establecido el sufragio universal, con candidaturas propias, sin alianza posible con las fuerzas republicanas, y también por suscribir la resolución de la Segunda Internacional sobre la celebración del primero de mayo. Pero se tomaron otros acuerdos, y uno de ellos tenía que ver con la cuestión del trabajo de los presos en las cárceles españolas.

La Agrupación Socialista de Burgos propuso incluir en el orden del día del Congreso una propuesta sobre la necesidad de que el Partido Socialista organizase de forma inmediata y en un día acordado reuniones o manifestaciones en todas las localidades donde hubiera trabajo en las prisiones reclamando que los poderes públicos reglamentasen el mismo. Por su parte, la Agrupación de Madrid propuso que se aboliese o modificase el trabajo de las prisiones, pudiéndose agregar a la serie de reivindicaciones votadas por el Congreso fundacional de la Segunda Internacional de París, y que se manifestaría anualmente en mayo.

Al final, el Congreso del PSOE aprobó lo propuesto por ambas Agrupaciones, es decir, el señalamiento de un día para la reivindicación, y su inclusión en las peticiones del primero de mayo.

El trabajo de los presos en la España liberal se regulaba a través del Reglamento de 1844, que establecía tres tipos de talleres: los del propio Estado, los arrendados a empresarios y los libres desarrollados por los reclusos. También se estableció el sistema tripartito de salarios: una parte para el Estado, otra para el Fondo de reclusos para cuando salieran de prisión, y una tercera parte para libre disposición del preso, es decir, una cantidad muy pequeña. Pero, además, el problema fue el fraude casi generalizado, ya que muchos directores de prisiones encomendaban directamente las contratas, algo que no contemplaba la ley, por lo que el empresario podía pagar aún menos, aunque le diera todo el salario al preso, saliendo también perjudicado el Estado.

En los años ochenta, la Administración tuvo que tomar cartas en el asunto por una conjunción de factores: la crisis económica con las consiguientes consecuencias sociales, el aumento de la población reclusa y el escándalo del presidio de Burgos en 1880, lo que ayuda, en parte, a explicar el interés de los socialistas burgaleses en esta materia. Los reclusos de este penal se organizaron para protestar por las condiciones de trabajo, haciendo un plante, provocando que la dirección del establecimiento terminara siendo juzgada.

Así pues, en 1885 se aprobó un nuevo Reglamento, aunque la estructura del salario se mantuvo. Ahora los talleres serían de cuatro tipos: libres, eventuales, permanentes y de la administración. Éstos últimos fueron los primeros en ponerse en marcha y como prueba en Cartagena. La producción iba destinada al autoconsumo estatal para evitar las críticas de competencia desleal que podían hacer los trabajadores libres, y ayudar a aliviar los costes del sistema penitenciario. Los talleres eventuales se arrendarían a empresarios sin un tiempo fijo, y podían cerrar cuando quisieran, solamente perdiendo la fianza depositada. Los permanentes sí tendrían plazos prefigurados y saldrían en pública subasta. Por fin, los libres eran de los propios reclusos, pero su existencia fue muy marginal.

Pero este sistema no duró mucho porque los liberales, al acceder al poder ese mismo año, lo anularon. Se planteó la posibilidad de trabajo al aire libre, en colonia agrícolas, por cuestiones higiénicas, porque el porcentaje de presos de origen agrario era muy alto, y porque se podía fomentar la repoblación de montes y baldíos. No se llegó a nada, seguramente por el problema de la financiación, ya que los Ayuntamientos temieron que ellos serían los encargados de sostener estas colonias.

Y este es el momento de la protesta socialista, ya que la situación de los talleres penitenciarios empeoró. Tantos los empresarios, como los trabajadores criticaban la competencia desleal de los contratistas penitenciarios en sus repercusiones fiscales. Los contratistas recibían exenciones fiscales por los salarios que recibían los reclusos, cuyas cantidades se ocultaban con frecuencia a Hacienda, pero también las obtenían por el supuesto carácter formativo de esos talleres.

Pues bien, los socialistas de Burgos, muy preocupados por esta cuestión, como quedó demostrado por su propuesta, y en cumplimiento de lo acordado en el Congreso de Bilbao, se movilizaron. El Comité de la Agrupación Socialista invitó a las Sociedades Obreras y a los trabajadores que se veían perjudicados por el trabajo en las prisiones para que acudiesen a un mitin y manifestación. Contestaron favorablemente las Sociedades de Zapateros, Trabajadores en madera, Guanteros, y Tipógrafos, así como los trabajadores de los gremios de Boteros y Silleros.

El 4 de enero por la mañana se celebró el mitin en uno de los salones de la Diputación Provincial, con gran concurrencia, para denunciar la explotación de los penados en perjuicio de los trabajadores libres. En el mitin se cargó contra los contratistas, especialmente por los ínfimos salarios que pagaban a los reclusos por trabajos duros, y además salió a la luz la cuestión de la competencia, ya que salían perjudicados los obreros, haciendo llamamientos a la unidad. El acto fue seguido por una manifestación en la que se pidió la reglamentación del trabajo penitenciario. Al final, se entregó una exposición con esta petición en el Gobierno Civil.

Sabemos que en 1893 se planteó un cambio en la cuestión fiscal, ya que se incluyó a los talleres carcelarios en el régimen común contributivo industrial, aunque esto, lógicamente no mejoraba la situación asalariada de los presos; es más, seguramente la empeoró porque los empresarios buscarían una compensación. Por fin, en 1896 se creó una comisión para reorganizar el trabajo penitenciario, elaborándose unas Bases para la organización del trabajo de prisiones. La situación no parece que cambiase mucho. Además, gran parte de este trabajo permaneció en la economía sumergida con un nivel de fraude que no cesó con el cambio de siglo.

Fundamental ha sido la consulta del libro de Luis Gargallo Vaamonde, Desarrollo y destrucción del sistema liberal de prisiones en España. De la Restauración a la Guerra Civil, Cuenca, 2016, y que es su tesis doctoral, con posibilidad de consultarse en la red en Dialnet.

Además, hemos trabajado con los números 232, 236 y 254 de El Socialista.

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.