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El Supremo inhabilita al diputado Nuet por desobediencia en el "procés"


El diputado de ERC Joan Josep Nuet. El diputado de ERC Joan Josep Nuet.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inhabilitado al diputado de ERC Joan Josep Nuet durante ocho meses para el ejercicio de cargos públicos electos por un delito de desobediencia grave por su participación en el "procés" como miembro de la Mesa del Parlament.

El Supremo condena al parlamentario por permitir la tramitación del referéndum del 1-O y las denominadas leyes de desconexión a pesar de que el Tribunal Constitucional lo había prohibido al declararlo ilegal y, por ello, lo inhabilita para ejercer cualquier cargo público electivo ya sea a nivel estatal, autonómico o local, además de imponerle una multa de cuatro meses con una cuota diaria de 100 euros.

Una vez que el tribunal comunique al Congreso de los Diputados la sentencia, el parlamentario tendrá que renunciar al escaño. Nuet fue el último miembro de la Mesa en ser juzgado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenara a 20 meses de inhabilitación para cargo público electo y a 30.000 euros de multa por desobediencia a los miembros de la Mesa Lluis Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó.

El diputado, que en el momento de los hechos pertenecía a Catalunya Sí Que es Pot (CSQP) y era secretario tercero de la Mesa, fue juzgado en el Supremo tras ser elegido diputado en el Congreso por ERC en las últimas elecciones generales.

En la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, el Supremo reconoce que desde su posición en la Mesa del Parlament Nuet "pretendió establecer puntos de unión y conexión entre dos grandes grupos fuertemente enfrentados".

Pero, a pesar de las continuas advertencias del Tribunal Constitucional, fue votando a favor de acuerdos contrarios a la Constitución hasta que el 6 de septiembre de 2017 la Mesa del Parlament dio el visto bueno a la ley del referéndum.

"El acusado era plenamente consciente de que la proposición del referéndum de autodeterminación contrariaba abiertamente la Constitución y las resoluciones, providencias, Autos y Sentencias del Tribunal Constitucional, que habían dispuesto el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera una actuación contraria a los mandatos emanados del Tribunal, y de ello habían sido advertidos los miembros de la Mesa por el Letrado Mayor y el Secretario General del Parlamento. No obstante, votó a favor de su admisión a trámite", recuerda el Supremo.

Posteriormente, el acusado se opuso a la tramitación del proyecto de referéndum por el procedimiento de urgencia y también se abstuvo sobre la admisión a trámite de la Ley de Transitoriedad Jurídica.

A juicio de los magistrados, estos hechos son constitutivos de un delito de desobediencia grave, porque, como estableció el propio tribunal en la sentencia del "procés", la legitimidad del TC "no puede ser arbitrariamente reconocida o negada en función de la coincidencia o el rechazo con los intereses políticos que laten en el ejercicio del poder".

"El acatamiento a sus sentencias y resoluciones es el fundamento del sistema democrático", añadió el Supremo en esa sentencia.

El tribunal sostiene que, con al menos 10 resoluciones para impedir o paralizar cualquier iniciativa que permitiera avanzar hacia la independencia, el mandato del Constitucional "era claro, preciso y el acusado dispuso de fuentes de conocimiento altamente cualificadas para acomodar su conducta a las exigencias dispuestas".

Durante el proceso soberanista, Nuet "no evidenció una actitud abiertamente deslegitimadora del Tribunal Constitucional", admite el Supremo, que considera "creíble" que intentara "buscar alternativas a las propuestas, que tal y como se formulaban las estimaba contrarias a la Constitución, procurando, mediante enmiendas, soluciones que no supusieran una ruptura abrupta del orden constitucional".

Pero no fue así en el caso de la ley del referéndum, cuya tramitación votó a favor, a pesar de saber que "desde su inicio era una proposición abiertamente contraria a la Constitución".

"Su desobediencia fue, por lo tanto, consciente y voluntaria", añade la sentencia, que recuerda que también fue reiterada en unas votaciones en las que "o acataba o desobedecía, no tenía otra alternativa, y optó por desobedecer".