El PSOE ve escandaloso que el PP quiera vetar el jueves la renta mínima

El PSOE ve escandaloso que el PP haya registrado una enmienda a la totalidad a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide una renta mínima de 426 euros para personas sin recursos y que será votada el próximo jueves en el pleno del Congreso.

Fuentes socialistas señalan que el PP intenta vetar esta prestación respaldada por "más de un millón de firmas" y por todos los grupos parlamentarios en el Congreso a excepción del PP y de Ciudadanos.

"La enmienda a la totalidad tiene como fin no pagar la renta mínima", señalan las mismas fuentes que acusan al grupo parlamentario popular de bloquear esta iniciativa en el Congreso hasta en 17 ocasiones.

La ILP convertida en proposición de Ley fue aprobada el pasado 2 de febrero por 177 votos a favor y 165 en contra, y después de casi ocho meses inicia su tramitación en el Congreso con este debate de totalidad ya que el plazo de presentación de enmiendas ha sido prorrogado hasta en 17 ocasiones.

El próximo jueves el pleno del Congreso votará el texto alternativo a la Ley que propone el PP y que pide la creación de un grupo de trabajo que clarifique el mapa de prestaciones existente en España y las competencias que tiene cada administración para otorgarlas.

El grupo parlamentario popular argumenta que existe un abanico de prestaciones muy amplio que viene delimitado por las diferentes competencias del Estado y de la Comunidades Autónomas.

En este sentido recuerda el consenso que ha necesitado la prórroga del Plan prepara para que no se vieran perjudicados sus beneficiarios. Por otro lado, el PP incide en que se está trabajando en la Tarjeta Social Universal con las administraciones para englobar todas las prestaciones, por lo que ve aún más necesaria la creación de este grupo de trabajo.

Dicha comisión estaría compuesta por un presidente designado por la titular de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, tres representantes de la Secretaría de Estado de Empleo, otros tres de la de Seguridad Social, uno de la secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y el subsecretario de Empleo y Seguridad Social.

También por tres representantes de las CCAA, dos de las sindicatos estatales más representativos y dos de las organizaciones empresariales.

El grupo de trabajo elevaría su informe a la ministra de Empleo en un plazo máximo de 6 meses desde su constitución. El PSOE confía en que los grupos parlamentarios (Unidos Podemos, ERC, PNV y el Grupo Mixto) vuelvan a votar a favor de la renta mínima y en contra de la enmienda a la totalidad, y pide a Ciudadanos que retire su apoyo al PP.

"El Gobierno va a intentar justificar esta enmienda a la totalidad diciendo que se abre el dialogo social y es una falsedad total", advierte un dirigente socialista.

La propuesta de renta mínima afectaría a casi dos millones de hogares cuya renta per cápita es inferior a 5.837 euros anuales y su cuantía estaría en el 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), unos 426 euros, que se cobrarían durante el tiempo en que una persona sin recursos no tenga empleo y esté vinculada a la formación o búsqueda de trabajo.

El presupuesto anual necesario para poder llevarla a efecto sería de unos 12.000 millones de euros, el 1,1 % del PIB, mientras que el coste derivado de los complementos por familiares a cargo se situaría entre el 0,2 % y el 0,4 % del PIB.

Ciudadanos argumenta su elevado coste y la necesidad de cumplir con los objetivos de déficit público aún comprometidos con Bruselas, mientras que el PP advirtió durante su toma en consideración que algunos expertos aumenta el número de potenciales beneficiarios a 8 millones de personas lo que supondría un coste de hasta 50.000 millones de euros.