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El empleo público baja un 0,2% en los últimos seis meses, a 2,6 millones

Las administraciones públicas españolas sumaban en enero 2,58 millones de empleados públicos, un 0,2 % menos -5.106- que en julio de 2018, de acuerdo con el boletín estadístico publicado ese lunes por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Más de la mitad de estos empleos, 1,34 millones, se concentran en las comunidades autónomas, cuyo volumen de trabajadores públicos se redujo un 0,14 % en esos seis meses por la pérdida en las consejerías y sus organismos autónomos (2.093) y las instituciones sanitarias (3.553).

En cambio, aumentó significativamente el empleo en la docencia no universitaria (3.321) y, en menor medida, en fuerzas de seguridad (292) y administración de justicia (205). La administración local contabilizaba en enero 580.000 empleados públicos, un 0,44 % más, es decir, 2.538 nuevos trabajadores.

La administración pública estatal registró el mayor descenso en esos seis meses de empleados públicos al perder 4.747 trabajadores, un 0,93 %, con lo que la plantilla se redujo a 507.830 personas.

Solo las entidades públicas empresariales y organismos públicos con régimen aumentaron su plantilla (en 255 trabajadores), mientras que la Administración General del Estado (AGE) perdió 3.454 empleados; las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 1.099; la administración de justicia, 299, y las fuerzas armadas, 150.

El Ministerio destaca que en la última década la AGE ha perdido 41.275 empleados, un 17,3 % del total, y que la edad media actual de los trabajadores es de 52 años, lo que conllevará la jubilación de la mitad de la plantilla a lo largo de la próxima década. En cuanto a las universidades, cerraron enero con 156.042 empleados públicos, un 0,68 % menos.

Más de la mitad de los empleados públicos del conjunto de las administraciones, el 56,27 %, son mujeres, principalmente por su peso en las comunidades autónomas (69,63 % del total) y las entidades locales (50,38 %), ya que en la administración pública estatal solo representan el 31,26 %, lo que Política Territorial achaca a que la Justicia, las fuerzas armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están muy masculinizadas.

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