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Las quejas al Defensor del Pueblo caen por el giro a las políticas económicas menos austeras

Las quejas presentadas por los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo cayeron en 2018 un 31 por ciento ante el "giro" de políticas económicas basadas en una "total" austeridad a otras "más normalizadas", aunque esta institución sigue muy preocupada por el empeoramiento de los servicios públicos.

Precisamente la calidad de estos servicios han acaparado la mayor parte de las 16.998 quejas presentadas por los españoles el pasado año ante la institución, que tramitó junto a ellas otras 327 peticiones de recursos de inconstitucionalidad y 372 actuaciones de oficio, hasta alcanzar un total de 17.697 expedientes.

El defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán ha entregado este martes a los presidentes del Congreso, Meritxell Batet, y del Senado, Manuel Cruz, el Informe Anual 2018, que ha acompañado de un estudio monográfico sobre la crisis demográfica que atraviesa España por el envejecimiento de su población.

Tras ello, ha opinado que "los años malos fueron los años duros de ajuste (...) Yo creo que el giro de la política económica con un predicamento total y absoluto de estrategias de austeridad a unas más normalizadas se nota en el comportamiento de los ciudadanos", ha asegurado.

Pese al descenso de las quejas respecto a las del año anterior, el defensor ha subrayado que la mejora económica aún no ha llegado a parte de la población, que ha emitido quejas "fundadas" sobre asuntos como el difícil acceso a la vivienda, la sanidad, la dependencia o la carencia de plazas de residencias para mayores, entre otros.

VIVIENDA

El defensor cree que "no ha habido política de vivienda" y que "la social está en peligro de extinción", por lo que ha urgido a una mayor oferta pública a favor del alquiler para los colectivos más vulnerables.

Y se ha mostrado "especialmente" preocupado por las consecuencias de la venta de vivienda pública a empresas privadas, por lo que ha pedido que se creen procedimientos específicos de adjudicación de vivienda protegida para los afectados.

POLITICA SOCIAL

Ha pedido un mayor esfuerzo presupuestario ante el insuficiente número de plazas públicas y concertadas en residencias para personas mayores y ha denunciado la espera que se produce "con frecuencia en exceso" hasta acceder a una de ellas.

También expone la espera en las CCAA para asignar plaza a personas en situación de dependencia en grados III y II, que tienen reconocido el derecho a atención residencial, y plantea revisar al alza de las ratios de personal y establecer diferentes por categorías profesionales.

EDUCACIÓN

Apela a la necesidad de alcanzar un pacto educativo que dé estabilidad al sistema; además, defiende que, "sin merma de la inclusividad" en los centros ordinarios, se puedan incorporar fórmulas de "escolarización especializadas" de los alumnos con necesidades específicas.

En su informe cree que el término adoctrinamiento "no debe acompañar y ni siquiera estar cerca de otras voces como educación, enseñanza o docencia" y considera, como ha respondido a preguntas de lo periodistas, que "es en la política donde debe defenderse y no en el ámbito de los defensores", en alusión a la treintena de quejas presentadas ante esta institución en Cataluña.

CRISIS DEMOGRÁFICA

Reclama a las administraciones unas políticas públicas para adaptarse a la nueva realidad "de una población envejecida"; así, respecto a las pensiones, pide reformas en el sistema de financiación y con el mayor consenso posible.

El defensor alerta sobre la "preocupante" despoblación de una parte del territorio, que crea una brecha de desigualdad entre ciudadanos y apuesta por el impacto positivo de la migración para atajar este problema.

MIGRACIONES

Los retrasos en la tramitación de expedientes de nacionalidad, las más de 78.000 solicitudes de protección pendientes de resolver, las "carencias de coordinación" entre los ministerios de Interior y de Trabajo y la acogida de inmigrantes irregulares centran las críticas de Fernández Marugán sobre este asunto.

Sobre los menores extranjeros no acompañados (menas), insiste en la urgencia de que la ley de protección a la infancia regule el procedimiento de determinación de la edad y ha mostrado su preocupación por la situación de irregularidad en la que quedan estos niños cuando alcanzan la mayoría de edad y los problemas que encuentran para su inserción laboral.

VIOLENCIA MACHISTA

Reclama la suspensión del régimen de visitas de los hijos cuando se dicta una orden de alejamiento contra el padre y pide mayor implicación de las administraciones para acabar con la violencia machista, así como mejorar la coordinación de los juzgados con los servicios especializados de atención integral a las mujeres maltratadas.

SANIDAD

Propone ajustar el copago farmacéutico al "verdadero y actual nivel de ingresos" de los ciudadanos, revisar los tramos de renta establecidos en el actual modelo y eximir "al menos" a personas con discapacidad y a los ciudadanos con ingresos económicos que no superen un umbral mínimo, a determinar en función de los indicadores de riesgo de pobreza.

PRISIONES

A las administraciones penitenciarias central y catalana les exige la creación de lugares específicos para el cumplimiento de condenas impuestas a personas con discapacidad intelectual fuera de las actuales prisiones y dotadas con personal cualificado para atenderles.

TRÁFICO

Insta a todas las administraciones a dar respuesta jurídica ágil y eficaz frente a las nuevas formas de movilidad como los patinetes, que incluya a los usuarios de la vía pública, especialmente a los más vulnerables, como niños, mayores y personas con discapacidad.

MEDIO AMBIENTE

La contaminación atmosférica, junto con el ruido del transporte, de los locales de ocio, la hostelería o los espectáculos públicos protagonizaron un año más las principales quejas medioambientales.

JUSTICIA

Aboga por potenciar la mediación, el arbitraje y la conciliación como instrumentos de resolución extrajudicial de conflictos, ante las quejas por la lentitud de la justicia.

BANCA

Lamenta la ineficacia de las reclamaciones y mecanismos extrajudiciales habilitados por la banca para compensar a sus clientes por la comercialización, entre otros, de hipotecas con cláusulas suelo abusivas, y afea la falta de colaboración de algunas entidades.

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