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La fiscalidad copa buena parte de los programas electorales

La fiscalidad copa buena parte de los programas electorales / EFE La fiscalidad copa buena parte de los programas electorales / EFE

Las propuestas fiscales, ya sean rebajas o subidas de impuestos, copan buena parte de los programas electorales con los que los grandes partidos (PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos) concurren a las elecciones del 28 de abril.

Por el contrario, asuntos que en su día fueron conflictivos y centraron el debate político, como la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), el desarrollo de las infraestructuras o el futuro de Bankia, apenas aparecen mencionados.

La fiscalidad, las pensiones, el empleo, la vivienda y el suministro energético ocupan un espacio destacado en los programas electorales, aunque el nivel de detalle varía.

Las bajadas de impuestos aparecen, en mayor o menor medida, en todos los programas, con más profusión en los del PP y Ciudadanos, mientras que las subidas están más presentes en las propuestas del PSOE y, sobre todo, de Unidas Podemos.

El PP, por ejemplo, plantea rebajar el IRPF y el impuesto de sociedades, y suprimir el que grava la constitución de hipotecas. Apuesta también por reducir las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos.

Ciudadanos propone deducciones fiscales para las familias monoparentales y numerosas; bajar el IRPF, en especial a las rentas generadas en municipios despoblados; y bonificar al cien por cien el impuesto de sucesiones y donaciones.

Unidas Podemos plantea subir los tramos más altos del IRPF y reformar el Impuesto de Sociedades para fijar un tipo efectivo mínimo. También aboga por un nuevo impuesto a los patrimonios de más de un millón de euros.

El PSOE habla de converger hacia el promedio de recaudación fiscal de la UE y hacer más progresivo el sistema fiscal, aumentando la aportación de las grandes empresas y de los contribuyentes con más ingresos y patrimonios. Además, propone gravar las transacciones financieras y algunos servicios digitales e impulsar la fiscalidad medioambiental.

Menos explícitos son los partidos en las medidas para racionalizar el gasto público.

El PP y Ciudadanos proponen evaluar el sector público para eliminar el gasto innecesario.

El PSOE apuesta por potenciar la AIReF, mientras que Unidas Podemos quiere derogar el artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En el campo de las pensiones, los partidos coinciden en mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, pero hasta ahí llega el consenso. Podemos pide derogar el factor de sostenibilidad y el PSOE reformarlo.

El PP apuesta por aproximar el cálculo de las pensiones a la vida laboral completa, mientras que Podemos quiere que los pensionistas puedan elegir el periodo de cómputo.

Las propuestas para garantizar la sostenibilidad del sistema son menos precisas: el PP pone sobre la mesa la "mochila austríaca" y aboga por separar las fuentes de financiación", una opción a la que se suma el PSOE. Podemos defiende eliminar los topes de cotización.

En materia de empleo, el PSOE quiere suprimir los elementos "más lesivos" de la reformas laboral del PP y Podemos, eliminarla por completo.

PSOE y Podemos apuestan por simplificar los tipos de contratos y Ciudadanos quiere eliminar los temporales.

En cuanto al salario mínimo, el PSOE promete situarlo en 1.000 euros en 2020 y Podemos en 1.200 euros al final de la legislatura. Ciudadanos plantea un complemento salarial garantizado.

En el capítulo de vivienda, hay cierto nivel de acuerdo sobre la necesidad de crear un parque público de viviendas.

El PP quiere aumentar las deducciones fiscales a quienes alquilen sus viviendas, en especial a colectivos vulnerables; Podemos plantea un contrato de arrendamiento indefinido; y el PSOE recupera la renta básica de emancipación para los jóvenes.

En el apartado de la energía, todos los partidos defienden aumentar la protección a los colectivos más vulnerables.

El PP y Ciudadanos desean más competencia en el mercado y eliminar impuestos, mientras que Podemos propone crear una empresa pública de energía.

Uno de los capítulos que menos nivel de detalle presenta es el de las infraestructuras, ya que los partidos se limitan a anunciar planes genéricos o a demandar un pacto de Estado.

Tampoco hay demasiadas precisiones en el ámbito de la industria, aunque Podemos quiere exigir un mínimo de permanencia a las empresas que reciban subvenciones para evitar su deslocalización.

Existe cierto consenso en articular medidas para apoyar al sector del automóvil durante su proceso de adaptación al nuevo modelo energético.

En cuanto a la polémica sobre las VTC, el PP y Ciudadanos apuestan por derogar el decreto del PSOE, mientras que Podemos quiere establecer una precontratación de al menos dos horas.

En cuanto al futuro de Bankia, sólo se pronuncia Podemos, que aspira a convertirlo en un banco público.

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