El sindicato Comisiones Obreras reclama más gasto social y trabajo decente para erradicar la pobreza

España se comprometió a reducir en el periodo 2010-2020 el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social entre 1.400.000 y 1.500.000 pero, como la propia Comisión Europea reconoce, “con 2.040.000 de personas en riesgo de pobreza o exclusión social más que en 2008, el objetivo de la Estrategia Europa 2020 aún queda lejos”.

Más de la cuarta parte de la población española (26,6%) se encuentra en esta situación de acuerdo con el indicador europeo AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión). Este indicador considera población en riesgo de pobreza o exclusión social aquella que está en alguna de las siguientes situaciones:

  1. Con ingresos inferiores al umbral de pobreza (la llamada tasa de riesgo de pobreza), establecido en 2017 en 8.522,0 euros al año.
  2. Con carencia material severa.
  3. Viviendo en hogares con baja o nula intensidad en el trabajo.

Existen una serie de variables que incrementan la tasa de riesgo de pobreza, como el desempleo, las cargas familiares, la nacionalidad extranjera o la edad. Así, el 44,6% de las personas desempleadas se sitúa por debajo de la tasa de riesgo de pobreza; porcentaje que ha aumentado casi todos los años desde 2008.

La presencia de niños y niñas en un hogar incrementa la tasa de riesgo de pobreza. El 24% de los hogares con dos personas adultas y al menos un niño está por debajo del umbral de pobreza. Esta cantidad se dispara al 40,6% en los hogares en los que un adulto (en su mayoría mujeres) convive con 1 o más niños.

En cuanto al origen, los datos demuestran que la tasa de riesgo de pobreza de la población extranjera es mucho mayor que de la de las personas autóctonas -que es del 18%- alcanzando el 39,2% si proceden de países de la UE, y el 52,1% si su origen es extracomunitario (fundamentalmente de África y Latinoamérica).

Por edad, los mayores aumentos en las tasas de riesgo de pobreza desde el inicio de la crisis en 2008 se han producido en el grupo de 16 a 29 años, al incrementarse en 10,4 puntos, y en las personas con edad entre los 45 y 64 años (5,4 puntos más). Es decir, el riesgo de pobreza ha aumentado sobre todo entre las personas en edad de incorporarse por primera vez al mercado laboral y entre aquellas de mayor edad que, fruto de la crisis y de las políticas aplicadas, han perdido su empleo y no han conseguido retomar su actividad laboral con un empleo decente.

Como ya se indicó hace 31 años -el 17 de octubre de 1987, cuando se celebró por primera vez este día internacional-, la pobreza supone una violación de los derechos humanos. Sin gasto social, servicios públicos fuertes y trabajo decente va a ser imposible garantizar una vida digna a todas las personas en nuestro país.

Por ello, CCOO insiste en la necesidad de aumentar los ingresos familiares con la generalización de un salario mínimo en convenio de 14.000 euros anuales, la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones y la actualización del IPREM, principal referencia de la protección social de carácter asistencial.

El sindicato también demanda la puesta en marcha de la prestación de ingresos mínimos recogida en la ILP que los sindicatos mayoritarios presentaron al Congreso avalada con 700.000 firmas, y la inmediata reversión de los efectos nocivos de las reformas laborales y de los recortes sociales llevados a cabo por los últimos gobiernos.

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