El Gobierno aprobará el viernes un nuevo real decreto-ley para regular los VTC

El diputado de Podemos Rafael Mayoral junto a los taxistas concentrados en la asamblea celebrada este pasado mes de julio en las inmediaciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas / EFE / ARCHIVO El diputado de Podemos Rafael Mayoral junto a los taxistas concentrados en la asamblea celebrada este pasado mes de julio en las inmediaciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas / EFE / ARCHIVO

El Gobierno tiene previsto aprobar el próximo viernes el real decreto-ley que regulará la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que intermedian plataformas como Cabify o Uber.

Tras las reuniones celebradas desde finales de julio entre Fomento, las federaciones de taxistas y la patronal Unauto VTC, el Gobierno cree que esta nueva norma pondrá fin al conflicto entre estos dos sectores de la movilidad urbana en vehículos de hasta nueve plazas con conductor.

Por medio de esta norma, el Estado facultará a las comunidades autónomas para que regulen la actividad de VTC en sus respectivos territorios, con una posible implantación de segundas licencias para respetar el ratio 1/30 (una licencia de VTC por cada 30 taxis), cuya proporción media es actualmente de 1/6 en España.

En algunas ciudades, como Madrid o Barcelona, ese ratio se ha rebajado a 1/3 o incluso menos.

El Congreso convalidó el pasado 10 de mayo un anterior real decreto ley de 20 de abril sobre las limitaciones a los VTC, lo que elevó a rango de ley las reglas de proporcionalidad frente al taxi.

La progresiva aparición en las principales ciudades españolas de estos nuevos vehículos que se contratan por vía telemática, de una longitud mínima de 4,70 metros, pintados con colores oscuros y con pegatinas identificativas en las lunas, ha puesto "en pie de guerra" al sector del taxi.

Los taxistas protestaron a finales de julio en las principales ciudades españolas en contra de la competencia de los VTC y para pedir que fuera efectiva la proporción establecida normativamente de que una licencia de VTC por cada 30 de taxi.

Fomento ya ultima la nueva norma, que modificará la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT) y que verá la luz el próximo viernes, para tratar de poner fin a la denominada "guerra del taxi".

Uno de los puntos de mayor fricción en la elaboración de la nueva norma se ha referido a la implantación de una segunda licencia regional o municipal y la consiguiente supresión de las VTC sobrantes para que se cumpla la proporción 1/30.

Fuentes del sector de los VTC han apuntado que la supresión de licencias ya autorizadas abriría una puerta a indemnizaciones, que podrían alcanzar los 3.758 millones de euros.

Se espera que el nuevo texto legal detalle esta cuestión, en el sentido de que no sean obligatorias dichas compensaciones o bien que éstas recaigan en las comunidades autónomas que adopten la medida.

La posibilidad de reclamar una compensación económica ya fue apuntada por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense Santiago Muñoz Machado, que en un informe reciente subrayó que una doble licencia para el ejercicio de la actividad sería contraria al ordenamiento jurídico europeo y español y al tener efecto revocatorio debería ir acompañada siempre de una indemnización.

Unauto VTC, la asociación que representa al 90 % del sector, ya ha comunicado que recurrirá ante los tribunales pertinentes, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y la Unión Europea la nueva norma que prepara el Gobierno si aprecia "cualquier restricción" a sus derechos.

La patronal sostiene que el Gobierno "ha estado cediendo al chantaje de los taxistas, en contra del interés general de los ciudadanos". Esta situación, añade, está generando inquietud y frustración entre sus asociados.

En el otro extremo, las asociaciones del sector del taxi están a la espera de que se concreten las líneas que les expuso el propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para hacer pública una posición definitiva.

En concreto, Fedetaxi ha propuesto al Gobierno que, además de medidas como la implantación de la licencia urbana, se abra la legislación nacional al taxi compartido y los servicios de tarifa cerrada, con una protección máxima de los consumidores en todos los trayectos gestionados con precontratación electrónica o por "call centers" tradicionales.

Con ello, la federación señala que el taxi podría competir en el sector precontratado con las VTC y contribuir a los cambios y nuevos usos de la sociedad.

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