El Congreso valida la normativa sobre planes de pensiones y blanqueo de capitales

MADRID, 20/09/2018.- La ministra de Economía, Nadia Calviño, durante su intervención ante el pleno que hoy celebra el Congreso. EFE/Emilio Naranjo MADRID, 20/09/2018.- La ministra de Economía, Nadia Calviño, durante su intervención ante el pleno que hoy celebra el Congreso. EFE/Emilio Naranjo

El Pleno del Congreso convalida hoy el decreto ley que traspone varias directivas europeas para garantizar los planes de pensiones de trabajadores trasladados, favorecer la movilidad de investigadores y perfeccionar el combate del blanqueo de capitales, entre otros objetivos.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha defendido que es urgente esta trasposición porque atañe a normas que afectan a los derechos de los trabajadores, la prevención del blanqueo de dinero y la movilidad de los investigadores.

Según Calviño, también es urgente porque el retraso en su adopción ha motivado que la Comisión Europea inicie procedimientos formales de infracción, lo que se puede traducir en cuantiosas sanciones.

España tiene 15 procedimientos abiertos, por lo que Calviño ha pedido colaboración a los diputados para acelerar al máximo las trasposiciones pendientes.

Durante su intervención, el diputado de Ciudadanos Vicente Ten Oliver ha lamentado que, según sus datos, España encabece el ránking de multas por incumplimientos comunitarios y de directivas pendientes de trasposición, con 31, de las que más de la mitad tienen su plazo vencido.

Ha asegurado que el 70 % de las sanciones de la UE recae sobre España, con 54 millones de euros pagados en los últimos años y otros 95 millones que podrían caer por incumplimiento de la legislación hipotecaria.

En respuesta, la socialista Esther Peña Camarero ha acusado al PP de haber dejado 72 disposiciones pendientes de trasposición, 26 de ellas con el plazo vencido y, de ellas, 23 con proceso de infracción abierto, de forma que en el primer semestre del año España ha recibido 19 avisos de la UE y tres denuncias.

La popular Susana López Ares ha apuntado al respecto que el Gobierno socialista se está ahora apropiando del trabajo hecho por el PP para avanzar en las trasposiciones y en este caso sólo ha incorporado un párrafo para posponer en dos años la entrada en vigor de la administración electrónica, hasta octubre de 2020.

A su juicio se trata de "una dilación injustificada" en "pago a sus socios independentistas" que favorece que el Gobierno catalán pueda desarrollar "una administración pública paralela fuera del control del Estado" y, por lo tanto, "profundiza el proceso independentista".

El decreto -que a falta de la votación final cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aunque varios de ellos piden que se tramite como proyecto de ley- busca reducir obstáculos a la movilidad de los trabajadores derivados de ciertos requisitos que las empresas imponen para adquirir derechos en los sistemas complementarios para la jubilación establecidos en las empresas.

Así, establece que la edad mínima que se exija para acceder a esos derechos no puede superar los 21 años y que el período de antigüedad mínimo para consolidar los derechos en la empresa no puede superar los tres años.

En materia de blanqueo de capitales, unifica la aplicación de medidas de diligencia reforzada a todas las personas con responsabilidad pública, tanto nacionales como extranjeras; estimula las denuncias de particulares mediante la creación de nuevos canales de denuncia, y exige crear un registro de prestadores de servicios a sociedades.

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