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La Inspección de Trabajo podrá multar a las empresas que incumplan las medidas de protección

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE/Víctor Lerena La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE/Víctor Lerena

El Gobierno ha habilitado a la Inspección de Trabajo para vigilar, requerir y extender actas de infracción a las empresas que incumplan las medidas de salud pública establecidas para proteger a los trabajadores en la pandemia del COVID-19 con multas que van desde los 2.046 euros a los 40.985 euros.

Según se recoge en una de las disposiciones finales del real decreto ley publicado este miércoles en el BOE con medidas de transporte y vivienda, dicha habilitación también se extiende a los funcionarios de las comunidades autónomas para realizar funciones técnicas comprobatorias.

Hasta ahora, desde la Inspección de Trabajo se limitaban a advertir a las empresas y dar parte a las autoridades sanitarias que mantenían el resto de competencias, también la de sancionar, según señala la presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca, que advierte de la falta de recursos de la Inspección para poder asumir nuevas competencias de este tipo.

La norma especifica que inspectores y subinspectores de la escala de Seguridad y Salud vigilarán el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública fijadas ante la pandemia del COVID-19. Esto, detalla el sindicato, supone habilitar a unos 1.050 funcionarios.

Se trata de medidas de ventilación, limpieza y desinfección, puesta a disposición de los trabajadores de agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, adaptación de las condiciones de trabajo para garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores o medidas para evitar la coincidencia masiva de personas.

"Si no se refuerza la Inspección, esta habilitación queda en papel mojado, no hay medios para poder hacerlo", denuncia Ercoreca, que advierte también de posibles conflictos competenciales con Sanidad en las zonas en las que haya un retroceso y de la sobrecarga que ya soportan con la revisión de los ERTE.

La norma también recoge que el incumplimiento por el empleador de las obligaciones constituirá infracción grave, que será sancionable con cuantías que van desde los 2.046 a los 40.985 euros. EFE.