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El sector agroalimentario capea la crisis de la COVID con un 0,1% más de empleo

El sector agroalimentario en Cataluña ha sido uno de los menos afectados por la crisis de la COVID-19, con un aumento del empleo de un tímido 0,1 % entre febrero y abril, por debajo de las cifras del pasado año.

Así lo ha revelado en rueda de prensa el secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Josep Ginesta, quien ha destacado el "impacto desigual" de la emergencia sanitaria del coronavirus en el mercado laboral catalán.

De acuerdo con los datos de la consellería, las afiliaciones a la seguridad social en el sector agroalimentario durante los meses de más afectación de la pandemia subieron un 0,1 % -133 más-, mientras que en el conjunto del mercado de trabajo en Cataluña disminuyeron hasta un 4,3 %.

No obstante, en la comparación interanual, el sector perdió 1.732 afiliaciones hasta abril, un 1,3 % por debajo en relación al mismo período del pasado año.

En cuanto a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el mecanismo que han empleado la mayoría de empresas para poder hacer frente a la paralización de las actividades debido al estado de alarma, se han registrado hasta el 20 de mayo un total de 1.410 en el sector, lo que representa el 1,4 % de todas las solicitudes, que afectan a 12.235 personas.

Por otro lado, la bolsa de trabajo creada por el Servicio de Empleo de Cataluña (SOC) ha recibido ya 9.122 solicitudes para trabajar en la cosecha de la fruta, una cifra tres veces superior a la 2019 y que podría seguir aumentando en los próximos días, dado que las ofertas seguirán activas por el momento.

Para intensificar el apoyo al sector en plena pandemia, el Departamento ha presupuestado una partida de 625.000 euros para contratar a 52 técnicos durante un período de cuatro meses con el objetivo de que lleven a cabo tareas de mediación y acogida a los trabajadores temporeros de la campaña agraria en la provincia de Lleida.

Asimismo, Ginesta ha anunciado que la consellería destinará 10,5 millones de euros a los entes locales para financiar acciones de ayuntamientos y consejos comarcales relacionadas con personas sin hogar, voluntariado y refuerzo del Servicio de Atención Domiciliaria en relación a la crisis de la COVID-19.

"El colectivo de temporeros son personas sin domicilio estable y no siempre tienen una red familiar o social que cubra las situaciones de aislamiento y confinamiento", ha recordado Ginesta.

Podrán acogerse a estas ayudas los municipios que reciben un importante número de temporeros sin residencia fija para la campaña agraria, que comenzó el pasado abril sin haber podido cubrir la demanda de mano de obra y se alargará hasta octubre. EFE.