La Ley de Mancomunidades

El Estado liberal español fue marcadamente centralista desde su primera formulación en Cádiz, aunque fue cuestionado desde el republicanismo federalista en el Sexenio Democrático, y luego por el surgimiento de los regionalismos y nacionalismos en los últimos decenios del siglo XIX, especialmente por el catalanismo, dada su fuerza y por desarrollarse en la región más potente en todos los sentidos del Estado.

Los partidos dinásticos no aceptaron ningún tipo de autogobierno para Cataluña, pero la fuerza del nacionalismo catalán a comienzos del siglo XX no podía dejar de tenerse en cuenta. La Lliga Regionalista se convirtió en la fuerza electoral hegemónica en Cataluña, desmantelando el entramado electoral del turnismo, y se dedicó a presionar para alcanzar cotas de autonomía. El proyecto de Ley de Administración Local que propuso Antonio Maura en 1907, y que preveía una forma de mancomunarse no cuajó. Eso no desanimó a la Lliga que siguió presionando en Madrid. Enric Prat de la Riba, a la sazón presidente de la Diputación de Barcelona, elaboró un anteproyecto que fue aprobado por las cuatro Diputaciones catalanas en octubre. Eran las Bases de Mancomunidad de Cataluña. Este proyecto preveía la creación de una asamblea formada por diputados provinciales y un consejo permanente de ocho miembros, dos por Diputación.

Prat de la Riba elevó las Bases al gobierno. Encontró una buena acogida en José Canalejas, empeñado en realizar profundas reformas del sistema político en muchos ámbitos. Canalejas llevó el proyecto catalán a las Cortes para su discusión en mayo de 1912. En las Cortes encontró la tradicional resistencia de miembros de ambos partidos a cuestionar el modelo de organización territorial de España. La resistencia fue especialmente dura entre los propios liberales, destacándose, en este sentido, Segismundo Moret y Niceto Alcalá-Zamora. Tenemos que tener en cuenta, además, que el proyecto presentado había sido rebajado anteriormente. Los diputados catalanes, a pesar de esta rebaja, decidieron empeñarse en su defensa porque suponía, sin lugar a dudas, un avance. Al final, después de fatigosas sesiones, y gracias al empeño del propio Canalejas el proyecto fue aprobado. Pero el asesinato de Canalejas y el bloqueo del Senado paralizaron las mancomunidades.

Los catalanes organizaron un plebiscito en 1913 en los Ayuntamientos a favor del proyecto, acompañado de una gran manifestación el 23 de octubre en Barcelona.

La subida de los conservadores no fue mala para las Mancomunidades gracias a las buenas relaciones que la Lliga había establecido con ellos, permitiendo un acercamiento a Eduardo Dato. El político buscaba calmar los ánimos en Cataluña y se decidió por publicar el Real Decreto en diciembre de 1913.

Las Mancomunidades no suponían una cesión de competencias del Estado sino la autorización de que las Diputaciones podían mancomunarse para organizarse mejor y prestar servicios. Sí permitía solicitar más competencias, pero eso debía aprobarse en las Cortes. Las Diputaciones catalanas se acogieron al Decreto, siendo las únicas en España que organizaron una Mancomunidad. Nacía, así pues, en 1914 la Mancomunitat de Catalunya, que duraría hasta la Dictadura de Primo de Rivera. En todo caso, hubo un proyecto de Mancomunidad valenciana que no prosperó, así como otro que elaboró la Asamblea de las Diputaciones castellano-leonesas en 1919.

Fuentes y Bibliografía:

El Real Decreto de las Mancomunidades puede consultarse en la red.

Balcells, Albert (2010). El projecte d'autonomia de la Mancomunitat de Catalunya del 1919 i el seu context històric, Barcelona, Parlament de Catalunya. Puede consultarse en la red.

Polo Martín, Regina (2014). Centralización, descentralización y autonomía en la España constitucional. Universidad Carlos III de Madrid.

Canal, Jordi (2018). Con permiso de Kafka. El proceso independentista en Cataluña, Barcelona

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.