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El modelo corporativo parlamentario de la Dictadura de Primo de Rivera

En este trabajo nos acercamos al estudio de una cámara legislativa distinta a las propias de regímenes liberales y democráticos, y en la Historia de España, y más cercana, aunque no igual, a las Cortes franquistas. Estamos hablando de la Asamblea Nacional Consultiva de la Dictadura de Primo de Rivera. Se trata de una experiencia del corporativismo que se inscribe en un contexto general sobre esta filosofía política, pero también concreta de la segunda etapa de este régimen político, caracterizada por el intento de institucionalización del mismo para superar la provisionalidad primigenia.

A la altura de 1926 el régimen de Primo de Rivera, que había nacido como algo provisional, comenzaba a ser cuestionado y a presentar un cierto agotamiento. Empezó a pensarse en la necesidad de crear una especie de órgano legislativo que pudiera sostener al régimen o, en su caso, conducirlo a una cierta normalidad parlamentaria futura de forma controlada.

La creación de este órgano legislativo podría contemplarse como un avance en la suavización de la Dictadura, pero, en realidad, no era un parlamento propio de un sistema político liberal y/o democrático, porque no nacía de ningún tipo de sufragio –censitario o universal- ni tenía las competencias propias de un legislativo clásico. Su anuncio y establecimiento no fueron especialmente bien acogidos. Para los enemigos de la Dictadura no sólo era una farsa de parlamento sino que, además, se veía como un medio más para apuntalar y consolidar un régimen que querían derribar. Si el dictador pretendía, además, usarlo para volver a la normalidad constitucional de 1923 tampoco era visto con agrado porque de ese modo estaría colocando a hombres nombrados por él para dirigir la transición.

La Asamblea Nacional Consultiva nació con un Decreto del 12 de septiembre de 1927. La primera función que tendría esta institución sería la de fiscalizar la labor del gobierno, algo propio de un parlamento moderno, pero el reglamento de la cámara impedía ejercer dicho control, por lo que quedó como algo puramente decorativo. También debía elaborar leyes.

La Asamblea se dividía en 18 secciones. La mayoría de estas secciones eran de carácter técnico, económico o jurídico. La única sección verdaderamente política era la denominada “Proyecto de Leyes Constituyentes”. A esta sección se le encargó la elaboración de un proyecto de Constitución, que debía ser la que crearía un nuevo sistema político nacido de la Dictadura.

Los miembros de la Asamblea tendrían diferentes orígenes. En primer lugar, cada provincia enviaría un representante municipal y otro de la propia provincia. En segundo lugar, cada organización provincial de la Unión Patriótica, es decir, el partido único creado por el dictador, enviaría otro representante. Por fin, habría miembros que representaban al Estado, otros lo eran por derecho propio y, por fin, existirían representantes de distintas actividades. En realidad, eran nombrados directa o indirectamente por el poder.

La creación de la Asamblea Nacional Consultiva generó un nuevo motivo de polémica en el seno del PSOE y de la UGT sobre la colaboración o no con el régimen. Largo Caballero defendía que se estudiara el proyecto de Primo. Indalecio Prieto se manifestó radicalmente en contra de participar. Por su parte, Julián Besteiro defendió acudir a la Asamblea si por medio de la misma se pudieran alcanzar puestos eficaces para profundizar en la lucha social. En el debate, Largo Caballero se inclinó por esta postura, aunque con cautela, ya que debía depender de cómo iban a ser elegidos sus miembros. Al final, los socialistas no entrarían en la Asamblea por el sistema de elección de sus miembros. A la UGT le convenía la elección corporativa porque, de ese modo, podría nombrar libremente representantes suyos, y no la individual, dependiente, en realidad, de la voluntad del dictador. En los Congresos de la UGT y del PSOE del año 1927 se ratificó la negativa a participar, a pesar de que el gobierno nombró representantes socialistas para la Asamblea.

La Asamblea tuvo una vida breve, desde septiembre de 1927 hasta finales del año 1929. No se hizo nada de cierta relevancia legislativa. Interesaría reseñar, al menos, los debates que se dieron en las secciones económicas porque reflejarían los intereses, en muchas ocasiones encontrados, entre los distintos sectores afines al régimen. Sí se elaboró el proyecto constitucional, pero nada más porque al poquísimo tiempo el régimen entró en franca crisis y se optó por otro tipo de transición que, como bien sabemos, fracasaría. En el proceso de elaboración de este proyecto se produjeron no pocas disputas entre los distintos sectores políticos de la Dictadura, que reflejarían posturas enfrentadas en el seno del universo de la derecha española sobre qué régimen político había que institucionalizar en el futuro.

Como en tantas otras cuestiones de la Dictadura de Primo de Rivera esta institución y este proyecto constitucional serían experiencias que interesarían al franquismo, tanto para imitarlas como para rechazarlas o modificarlas.

Bibliografía:

Barrio, Ángeles (2004). La modernización de España (1917-1939). Política y sociedad. Madrid. Síntesis.

Ben-Ami, Shlomo (1977). «The Dictatorship of Primo de Rivera: A Political Reassessment». Journal of Contemporary History 12 (1), pp. 65-84. Casassas Ymbert, Jordi. La dictadura de Primo de Rivera: 1923–1930. Textos. Ideas y Textos; no. 2. Barcelona. Anthropos, 1983.

González Calleja, Eduardo (2005). La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923-1930. Madrid. Alianza Editorial.

Juliá, Santos (1999). Un siglo de España. Política y sociedad. Madrid. Marcial Pons.

Eduardo Montagut

Doctor en Historia. Profesor de Secundaria, autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica, miembro del Grupo Federal de Memoria Histórica del PSOE.

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