Manuel Azaña en el debate sobre las responsabilidades de Alfonso XIII

“(…) Estimamos además, Sres. Diputados, que este debate debe terminar ya inmediatamente. Aceptamos el texto que acaba de leer la Comisión. Responde, a nuestro juicio, por su magnitud, por sus dimensiones, por su redacción y su tenor, a la altura de las circunstancias y a los propósitos del debate. Sería ocioso que hubiéramos venido aquí a enjuiciar a D. Alfonso XIII como ante un tribunal ordinario. Ese es un proceso de orden político, de fundamento moral y de resonancia histórica, y cada cual vote aquí según la convicción que se ha formado en su conciencia, sin estudiar ningún texto, sin leer el Código penal, sin más que su experiencia personal de español que ha sufrido los efectos del reinado de D. Alfonso de Borbón y padecido bajo la dictadura. No vamos a desconocer delante de un escrúpulo legal todo lo que ha ido sedimentando en nuestras almas durante los diez y veinte años que han formado nuestra personalidad de políticos y nuestra conciencia de ciudadanos; y con esta conciencia y esta personalidad votemos aquí hoy esta condena de D. Alfonso XIII.

¿Qué valor tiene esta condena? Para mí, todo. Sobre los Diputados de la nación pesa evidentemente una formidable carga de historia, nada menos que la historia de España; pero sobre quien ha representado a España durante siglos pesa una formidable carga de responsabilidad, la responsabilidad dinástica, que se hereda como se hereda el poder; y al caer una dinastía, el destronamiento no extingue la responsabilidad personal del que la representa; el destronamiento extingue la responsabilidad histórica; pero ¿es que vamos nosotros a disolver la responsabilidad moral de la persona y el acto propio individual lo vamos a disolver en todo este océano de historia, de tradiciones, de responsabilidades dinásticas, borrando al hombre? No. La responsabilidad histórica cae sobre la dinastía y sobre sus representantes; pero ¿y el acto personal?, ¿y su voluntad propia? ¿es que no sabemos todos que un día de un año D. Alfonso pudo decir “sí” y no lo dijo, y que otro día pudo decir “no” y no lo dijo? Pero ¿es, Sr. Conde de Romanones, que aquel día 14 de septiembre, cuando el rey recibió esa carta, grotescamente amenazadora, de Primo de Rivera, no pudo cumplir con su conciencia y dejar la corona en medio de la calle? No es obligatorio ser rey, menos serlo con vilipendio y menos aún con traición al país. Y aquí descansa y recae la responsabilidad personal de D. Alfonso de Borbón, que no se extingue con el destronamiento, que es la obra de la revolución la que acaba con la historia de la dinastía, sino que empieza en un acto de voluntad hecho por una persona que se llama Alfonso de Borbón, que no se puede borrar con nada y sobre el cual cae ahora el rayo de la justicia de la revolución española.

Con estos dos caracteres nosotros votamos el texto de la Comisión, y yo estimo que este acto, que parece una redundancia y al cual aludía el Sr. Alcalá-Zamora tiene un valor extraordinario, porque ahora adquiere un valor jurídico y forma de voluntad soberana emanada de las Cortes el hecho primordial del 14 de abril, que para mí, Sres. Diputados, si queréis que lo resuma en una fórmula, diré que esta noche, con esta votación, se realiza la segunda proclamación de la República en España. Por eso estimo yo que para que esta determinación y este fallo tengan toda la autoridad y toda la majestad que debe tener lo que nace de estas Cortes, debe proclamarse por la unanimidad de todos los Diputados republicanos aquí presentes. Y yo os digo, republicanos y socialistas, correligionarios que hemos sudado y trabajado por la revolución y que estamos aquí dispuestos a defenderla con nuestras vidas, que esta noche tenemos que levantarnos a la altura de las circunstancias y proclamar aquí que nuestra voluntad es la de siempre, y que al condenar y excluir de la Ley a D. Alfonso de Borbón, proclamamos una vez más la majestad de nuestra República, la inquebrantable voluntad de nuestro civismo y la permanencia de las glorias españolas cifradas en sus instituciones libremente dadas por la Nación”.

(Congreso de los Diputados. Diario de Sesiones)