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Orígenes del Carlismo

Los umbrales de este movimiento político español se encuentran en la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833). Su principal característica fue su complejidad, debido a las múltiples aspiraciones que llegó a reunir, a los diversos grupos sociales que se vieron representados y a su poliédrica naturaleza.

Su base ideológica surgió a finales del siglo XVIII, al ser una corriente de pensamiento contrarrevolucionaria y antiliberal, que se unió a la crítica antiilustrada. Muchos de sus intelectuales fueron eclesiásticos, alertados por la persecución religiosa de la Francia revolucionaria. Utilizaron el contacto diario con los católicos para la difusión de su pensamiento contrarrevolucionario, de ahí la continuidad entre la defensa del Trono y el Altar contra los revolucionarios franceses y el combate bajo la bandera de Dios, Patria y Rey que caracterizaría a los carlistas. La división política en la sociedad española entre liberales y realistas, o partidarios del Antiguo Régimen, surgida en las Cortes de Cádiz fue otro paso más hacia la definición de unos bandos que terminarían por aceptar el recurso a la violencia como una herramienta legítima -y aún necesaria- para la victoriosa construcción de sus proyectos políticos.

Si bien se restauró la situación anterior a la guerra de la Independencia en 1814, seis años más tarde un alzamiento militar hizo triunfar el régimen constitucional durante Trienio Liberal (1820-1823), que fue contestado por algunos sectores realistas con algunas insurrecciones. El despliegue legislativo liberal y el efecto de sus transformaciones alimentaron la contrarrevolución que propició una división entre los liberales, divididos entre moderados y exaltados. Hacia 1822, en el norte y este peninsular, malvivieron unos treinta mil sublevados realistas, dirigidos por la llamada Regencia de Urgel, que no lograron derribar el régimen constitucional.

¿Quiénes eran esos realistas? Campesinos y jornaleros, artesanos, clero rural y regulares, empleados de las administraciones, militares, algunos nobles y jerarquías eclesiásticas. Si su composición social era heterogénea, resulta lógico pensar que sus motivos y aspiraciones también lo fueron, aunque les unieran, igualmente, una serie de aspectos, frente a un enemigo común: el liberalismo. Muchos creyeron defender sus privilegios en materia legislativa, social, cultural, jurisdiccional, o su simple sustento. Cuestiones como las desamortizaciones eclesiástica y civil, los impuestos, la decadencia de algunas profesiones, la cuestión religiosa, la introducción de nuevos valores o el miedo al centralismo liberal, sumados a elementos coyunturales como crisis económicas, ayudaron a sostener a los contrarrevolucionarios.

A principios del año siguiente, tras una dura campaña militar, los sublevados habían sido prácticamente derrotados por los liberales y obligados a cruzar la frontera. En abril de 1823, los realistas secundaron la expedición francesa de los Cien Mil Hijos de San Luis, participando, en consecuencia, en la reinstauración del absolutismo en España. Comenzó así la llamada década absolutista (1823-1833) en la cual se produjo el pase a la clandestinidad y la persecución de los liberales pero también la división del realismo en dos corrientes: moderada y ultrarrealista. La primera intentó reformar mínimamente el Antiguo Régimen con ayuda de tardoilustrados y antiguos afrancesados, pero los graves problemas de la Hacienda, incrementados con la independencia de América, convencieron a los moderados de la necesidad de llegar a un acuerdo con los liberales menos radicales para construir un régimen político templado, semejante a los europeos de Carta Otorgada. Pero un obstáculo se oponía a este proyecto: el otro ala del realismo.

Paradojas de la historia, los contrarrevolucionarios no se sintieron bien en el seno de un régimen absolutista. Se mostraron descontentos por no restablecerse la inquisición, por no ser más dura la represión contra los liberales, por continuar un despotismo ministerial más que una reforma política dentro de los cauces tradicionales.

De esta manera, se sucedieron varias conspiraciones ultrarrealistas. El estallido social más importante de este período, con imbricaciones de varias protestas realistas, fue la llamada guerra de los agraviados, que se desarrolló en Cataluña en 1827. El malestar que se vivía en el principado como consecuencia de la crisis económica favoreció el estallido de una protesta realista contra el gobierno, salvando al monarca. Las medidas de las autoridades fernandinas, que combinaron tanto la represión como el indulto, las divergencias entre los jefes de los agraviados (también llamados malcontents), las dudas sobre los objetivos finales y, por último, el fracaso de su extensión al resto de España, llevaron al final del conflicto. Este desenlace frenó momentáneamente el recurso de los realistas más exaltados a la vía armada, pero los ánimos volvieron a soliviantarse ante el problema sucesorio.

En mayo de 1829 falleció la reina Amalia, tercera esposa de Fernando VII. A los deseos personales del monarca de procurarse una descendencia directa se unieron las aspiraciones políticas de los realistas moderados, cuyos planes de transacción con los liberales se verían obstaculizados si el trono era ocupado por el infante don Carlos, conocido por su antiliberalismo. Así, con el apoyo del gobierno, se procuró el cuarto enlace del rey con la princesa María Cristina de Nápoles. Lo que vino después resulta conocido: el rey tomó las medidas necesarias para que fuera su hija Isabel la heredera del trono, exiliando a su hermano Carlos, alejando a sus partidarios -los carlistas- de toda esfera de poder.Al morir el monarca, en septiembre de 1833, estaban desmantelada en la mayor parte de España la trama organizada por la Junta carlista de Madrid, por lo que el alzamiento contrarrevolucionario a favor de don Carlos sólo revistió importancia donde sus ramificaciones aún no habían sido desmanteladas por la policía: la Rioja, Castilla la Vieja, Navarra y el País Vasco. En estas últimas regiones, la existencia de un régimen foral había dificultado enormemente la sustitución de las autoridades civiles, muchas de las cuales eran partidarias del infante. Comenzaba así una guerra civil conocida como Primera Guerra Carlista (1833-1840).

El lector que desee profundizar en el tema puede acudir a:

-Bullón de Mendoza, Alfonso, La Primera Guerra Carlista, Actas, 1992.

-Moral Roncal, Antonio Manuel, Las guerras carlistas, Sílex, 2006.

-Wilhelmsen, Alexandra, La formación del pensamiento político del carlismo (1810-1875), Actas, 1999. 

Profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá. Doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la UAM.