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La España afrancesada

La invasión militar francesa y las abdicaciones de Bayona supusieron el inicio de un cambio político decisivo en España: se instaló la dinastía de los Bonaparte en el trono al tiempo que se intentaba la construcción de una nueva monarquía basada en el Estatuto de 1808, que regulaba un nuevo régimen representativo. Su vida estuvo condicionada desde el principio por el estallido una guerra popular contra la ocupación francesa y contra la forma en que se había realizado la mutación no sólo de dinastía sino de régimen político.

Se inició desde ese momento la guerra de la Independencia que, con la victoria militar española en la batalla de Bailén, en el verano de ese año, se prolongó en el tiempo, provocando la primera retirada de José I y la llegada de su hermano Napoleón a España al frente de un gran ejército. La llegada del césar corso fue decisiva pues, hasta 1813, sirvió para poner bajo control francés a buena parte de la península, obligando a adoptar una posición defensiva a las fuerzas aliadas (españolas, británicas y portuguesas). En 1810, con la Junta Central sitiada tras las murallas de Cádiz, el dominio imperial alcanzó su punto culminante, de tal manera que José I pudo viajar e instalarse en Sevilla durante una temporada. Pero, ciertamente, estos éxitos no lograron reforzar el frágil régimen, unánimemente considerado como algo anómalo por la mayor parte de los españoles.

La aristocracia y los altos cargos eclesiásticos, en un principio, adoptaron una tranquila posición de acatamiento oficial pero, ante el alzamiento del pueblo, decidieron unirse a los patriotas o los alzados mismos les conminaron a ello. Un caso particular fue el propio tío del monarca, el cardenal don Luis de Borbón, arzobispo de Toledo, que aceptó el exilio de su familia hasta que los toledanos, alzados contra los franceses, solicitaron que se adhiriera a ellos. El purpurado, tras la victoria de Bailén, decidió unir su suerte y destino con los insurrectos, de tal manera que llegó a formar parte de la regencia.

El rey José I tan sólo pudo contar con el apoyo de una minoría de españoles, llamados afrancesados. Fueron miembros de las clases medias ilustradas, algunos intelectuales y miembros de la nobleza y el clero que vieron en la nueva dinastía una savia regeneradora y modernizadora. Defraudados finalmente con Manuel Godoy, muchos de estos reformistas tardoilustrados creyeron que Napoleón y su hermano traerían la libertad, el orden, la ciencia y el progreso. Su apoyo a los franceses les acarreó el odio de la población, que no vieron en ellos más que a una minoría de traidores y acomodados, dispuestos a todo con tal de conseguir poder: fueron "los famosos traidores". Se convirtieron en objetivo de una persecución que se prolongó en el tiempo: cada vez que los aliados lograban reconquistar un pueblo o una provincia, se producía una verdadera caza de los afrancesados, como venganza por el maltrato de las autoridades militares francesas a los españoles.

José Bonaparte, como monarca, trató de atraerse a la población, intentando fomentar un amplio plan de mejoras en el país, la mayor parte de las cuales se quedaron en el papel. Los ingresos fiscales eran escasos e inseguros y no permitieron nunca una perspectiva estable de gobierno. El rey se dio cuenta de que sólo una cierta autonomía con respecto al Imperio de su hermano habría permitido un reforzamiento de su propio régimen y hasta llegó a pensar en una paz por separado con Gran Bretaña y en negociaciones secretas con los patriotas. Pero estas aspiraciones del monarca intruso se quedaron, simplemente, en buenas intenciones. Obligado a enfrentarse constantemente al desprecio de los generales franceses, que lo consideraban carente de aptitudes militares, y la hostilidad del embajador de su hermano, La Forest, no fue más que un títere de Napoleón.

Fueron vanas sus protestas por la incorporación de las provincias del norte de España al Imperio y por la dureza de la represión sobre los españoles. Pero su incapacidad política se demostró total cuando fue incapaz de sustituir la administración militar de ocupación por otra civil, a cargo de españoles afrancesados. El acoso de la guerrilla impidió una vuelta a la normalidad y en los 31 departamentos en que fue dividida España en abril de 1810, el poder efectivo estuvo en manos de los generales.

Una parte de las fuerzas reformistas y liberales decidió seguir integrada en el bando patriota y logró, con gran audacia política, controlar la convocatoria y las elecciones a Cortes que se celebraron en la ciudad de Cádiz. Ellas protagonizaron un proceso revolucionario, del que saldría un ambicioso programa revolucionario liberal y la elaboración de la primera Constitución española: la de 1812.

Tras la derrota final de los franceses en 1814, los afrancesados más comprometidos se refugiaron en Francia para escapar a la venganza popular. La mayor parte de esos exiliados fueron funcionarios del Estado y militares, que tuvieron que esperar durante años su vuelva a España, con un perdón oficial, durante el reinado de Fernando VII. Ciertamente, la decisión de estas personas se basó en un cúmulo de motivaciones distintas, aunque ninguna de ellas identificable con una plena y convencida adhesión: se pusieron de parte de la dinastía Bonaparte por un instintivo deseo de que se respetase la legalidad, el orden social y para evitar los horrores de la guerra; también por el deseo de modernizar la nación; otros por oportunismo, con la esperanza de hacer carrera, lograr favores del vencedor y ascender en la pirámide social.

El lector interesado sobre el tema puede acudir a:

-LÓPEZ TABAR, Juan (2001), Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833), Madrid, Biblioteca Nueva.

-MORENO ALONSO, Manuel (2014), El clero afrancesado en España, los obispos, curas y frailes de José Bonaparte, Madrid, Biblioteca Nueva.

- VILCHES, Jorge (2008), Liberales de 1808, Madrid, Gota a gota.

Profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá. Doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la UAM.