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La persecución judicial

En estos últimos años ha sido una estrategia de los partidos de derechas el uso indiscriminado de la denuncia judicial hacia los alcaldes y responsables políticos de la izquierda. Sabedores de su respaldo económico y enfrentándose a sencillos trabajadores, por cualquier motivo y con la más artera intención de que quede en la memoria del votante aquello de “aunque sea sin pruebas, demanda que algo queda”...

Varios compañeros y amigos (gran palabra esa), políticos y ex_alcaldes han luchado con la verdad y ganado, han dejado en el camino conocidos, votantes y vecinos que no confiaron en ellos, y han sufrido con ellos sus familias, amigos y compañeros de verdad, los que le siempre creímos en su inocencia.

Esto me ha traído a la Memoria la carta que le escribió desde la cárcel Nicolás Jiménez Molina, el que fue Alcalde de Íllora en la II República, al Gobernador Civil de la Provincia, en su nombre y el de los compañeros que le acompañaban en aquel suplicio, como el Alcalde de Alomartes Gregorio Morales y su hijo Paco que tristemente murieron fusilados en las tapias del Cementerio de Granada dos años después.

Se quejaba de su permanencia en prisión sin motivo aparente y sin juicio... Por eso hoy me siento satisfecho de vivir en democracia y en un estado de derecho donde la Justicia, lenta sí pero con garantías, pone a cada uno en el lugar que le corresponde.

La huelga de los campesinos de Junio, quedó oficialmente terminada el día 18 de junio de 1934 con una reunión entre el gobernador civil, Muñoz Castellanos, y los líderes provinciales de la UGT y el Partido Socialista, Juan Carreño Vargas y Ramón Lamoneda Fernández, respectivamente, en la que se acordaron una serie de medidas encaminadas a cortar todos los males que afectaban a la falta del cumplimiento de la legislación social vigente y que, en buena medida, correspondían a parte de las reivindicaciones defendidas en la huelga general.

Una parte inexcusable de la negociación fue la firme promesa por parte del Gobierno Civil de liberar al gran número de campesinos encerrados en la Prisión Provincial de Granada por orden gubernativa durante las jornadas del conflicto Campesino.

Si bien las disposiciones del Gobierno Civil eran bastante claras en cuanto a la obligatoriedad del cumplimiento de la legislación social para la recogida de las mieses, se produjeron no pocos abusos en esta materia. De los pueblos se publicaban en la prensa granadina las quejas de muchos campesinos y de Sociedades Obreras (las pocas que seguían funcionando aún, con sus casas clausuradas) en las que se repetían similares abusos a la etapa que se dio en llamar de "los jornales de hambre".

En cuanto a los huelguistas y sus dirigentes, se tardó en levantar la Clausura de los centros obreros y en cuanto a amnistiar a todos los detenidos gubernativos, si bien es verdad que hay que poner, como excepción algunos casos, bastante aislados, de excarcelación en Loja, Baza y Guadix de campesinos detenidos durante la pasada huelga; el Gobierno Civil tuvo mucho cuidado en otorgar una amnistía escalonada que liberaba campesinos, pero que dejaba en las cárceles a sus líderes.

Levantado el estado de Alarma el 25 de junio, siguió estando vigente el de Prevención, la situación generalizada de los presos (al menos la de los líderes políticos y sindicales) era la de no tener ni la más remota esperanza de ser liberados. Nicolás Jiménez Molina, aun en prisión, escribía la siguiente carta, en nombre de los presos que permanecían custodiados en la prisión provincial, que reprodujo el diario El Defensor de Granada en su edición del 28 de junio de 1934:

“Sobrepasa los límites de lo tolerable lo que sucede en esta provincia con las represalias que se han tomado con aquellos individuos que, a juicio de ella, fueron el factor principal de la pasada huelga de campesinos.

Han transcurrido diez días desde la terminación de esta huelga y aun queda en la cárcel provincial cerca de una veintena de detenidos gubernativos, cuyo único delito es ser alcaldes, concejales, maestros, médicos o empleados de filiación socialista.

De nada han servido las gestiones de nuestros dirigentes; las promesas del señor gobernador; ni los ofrecimientos concretos del señor presidente del Consejo de Ministros. Seguimos en la cárcel los hombres libres que, estimando vivíamos en un Estado moderno y en una República de trabajadores, dedicamos nuestra actividad sindical al servicio de los explotados campesinos.

Sabemos que el señor gobernador civil, en sus ofrecimientos a nuestro camarada Ramón Lamoneda, manifestó que en la semana pasada serían liberados todos los detenidos y que sólo quedarían en la Cárcel los maleantes, y esto nos hace preguntar: ¿Seremos acaso nosotros los maleantes a que el señor gobernador hizo referencia'? Tal parece ser el Concepto que estos luchadores sociales merecemos, cuando ayer se interrumpió la lentísima excarcelación de los detenidos gubernativos, dejando abandonados a las angustias de una prisión indebida a padres de familia y ciudadanos honradísimos, que no cometieron otra falta que la de negarse a ser juguetes viles en las manos de una sociedad cerril e inhumana.

No se nos oculta que nuestra retención carcelaria es hija de los elementos caciquiles que, al amparo de una euforia radical derechista, pretenden hundir las organizaciones sindicales; pero entendemos que esta injusticia exige inmediata reparación y por ello esperamos confiados en que quién a ello está obligado dé inmediatamente la orden de nuestra libertad.”

Por los presos gubernativos, Nicolás Jiménez.

Prisión Provincial de Granada a 27 de junio de 1934. 

Paco Robles está jubilado y se dedica al Partido Socialista y a la Memoria Historica, memorialista, historiador aficionado y buscador de verdades sin ser historiador universitario. Vocal de la Asociacion Granadina para la Recuperacion de la Memoria Historica AGRMH y Secretario CEP de Memoria Historica del PSOE de Granada.