UGT y CCOO piden a partidos rechazar la enmienda del PP a la renta mínima

La secretaria confederal de UGT, Adela Carrió, y el secretario de Participación Institucional de CCOO, Francisco Carbonero, se han reunido hoy con diputados del PSOE, Unidos Podemos, PNV, PDeCAT y ERC para defender que la ILP siga su trámite parlamentario y pueda ser debatida con consenso.

El pleno del Congreso debate y vota mañana la enmienda a la totalidad que ha registrado el PP, respaldada por 700.000 firmas, y que fue tomada en consideración el 2 de febrero con el respaldo de 177 votos a favor y 165 en contra, y después de que se haya prorrogado en sus plazos de presentación de enmiendas hasta en 17 ocasiones.

El texto alternativo a la Ley que propone el PP pide la creación de un grupo de trabajo que clarifique el mapa de prestaciones en España y las competencias de cada administración, y argumenta que el Gobierno trabaja en la Tarjeta Social Universal para englobar todas las prestaciones.

Carrió ha criticado que el PP quiera "tirarlo todo" con esta propuesta y "cambiar el sentido de la prestación de ingresos mínimos", y ha urgido a los grupos parlamentarios a que vuelvan a apoyar su tramitación para que se debata en el Parlamento.

"Si no se rechaza la enmienda del PP no tendrá sentido el esfuerzo que han hecho más de 700.00 personas que han dado su apoyo a esta prestación", ha puntualizado.

Carbonero ha afirmado que mientras "este país es capaz de buscar soluciones a la penuria y pobreza de miles personas...el PP no quiere tener en cuenta la opinión de los ciudadanos".

Ha acusado al Gobierno de querer sacar "fuera del Parlamento" esta renta mínima "para que no se discuta nunca" y ha señalado que es "clave" el apoyo de todas las formaciones políticas.

En este sentido ha explicado que CCOO y UGT mantuvieron ayer una reunión con el grupo parlamentario de Ciudadanos, que reflexiona sobre el sentido de su voto mañana, después de que en el primer debate hubiera rechazado con el PP la iniciativa.

La comisión de trabajo que pide el PP estaría presidida por una persona designada por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, por tres representantes de la Secretaría de Estado de Empleo, otros tres de la de Seguridad Social, uno de la secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y el subsecretario de Empleo y Seguridad Social.

También por tres representantes de las CCAA, dos de las sindicatos estatales más representativos y dos de las organizaciones empresariales.