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Saborit en defensa de las cigarreras en las Cortes en 1921


Andrés Saborit. / Archivo. Andrés Saborit. / Archivo.

Los socialistas se ocuparon en varias ocasiones en defender a las cigarreras en el Congreso de los Diputados en los años veinte. En este sentido, nos hacemos eco del caso concreto del invierno de 1921 sobre la intervención del diputado socialista Andrés Saborit para pedir que la Tabacalera reconociese la organización obrera en su seno.

Saborit se dirigió al ministro de Hacienda en relación a las represalias que la Compañía de Tabacos ejercía hacia las cigarreras en esos momentos, en distintos centros de trabajo. El diputado socialista pedía la intervención del ministro para que se resolviera de una forma definitiva los conflictos existentes entre el personal de la Tabacalera y su Consejo de Administración. Saborit exponía que el Estado tenía una responsabilidad en esta materia según las funciones reguladas en cuanto a su intervención en la Tabacalera. El problema era que la Compañía se negaba a tratar y negociar con la organización obrera.

Pero la organización de las cigarreras españolas estaba legalmente reconocida, y estaba dirigida por personas que no había dado lugar a que por parte de la Compañía se negase sistemáticamente a reconocerla, como exponía Saborit en la Cámara, exponiendo tres situaciones existentes en ese momento.

En este sentido, recordaba como en el verano de 1920 ocurrió un conflicto en la Fábrica de Tabaco de Madrid. El ministro de la Gobernación intervino, siendo el propio Saborit quien representó a las cigarreras, para dar una solución transitoria al enfrentamiento que había surgido en la Fábrica entre asociadas y no asociadas. Saborit contaba con testimonios sobre las presiones que la Compañía ejercía para que el personal no se asociara. Tuvo que intervenir el propio Eduardo Dato comprometiéndose en nombre de su gobierno a que dicha solución duraría el tiempo necesario hasta que se apaciguasen los ánimos. La solución consistió en alejar de la Fábrica a veinte operarias escogidas por la Dirección, que no quedarían fuera de la Compañía, pero sí trasladadas a un local de la calle del General Lacy. La Compañía se comprometía a hacer igual selección de un determinado número de operarias del otro lado. El problema es que este lado no aceptó la solución del gobierno. Las trasladadas al otro local habían sido perjudicadas, y no sólo por el traslado en sí, sino también porque ganaban entre dos y tres pesetas menos diariamente porque realizaban otras tareas con otros salarios. Saborit, además, resaltaba en su intervención que esas obreras habían demostrado que acataban la disciplina de la Fábrica, que no iban contra ella, que se habían asociado legítimamente según establecía la legislación, y dando siempre cuenta a las autoridades de cuando se iban a reunir y de lo que iban a tratar en las reuniones. Por eso, el diputado socialista pedía la intervención para que estas cigarreras volvieran a la Fábrica en las mismas condiciones laborales y salariales que habían disfrutado antes del traslado.

Saborit, además, presentaba otra reclamación de idéntica naturaleza en relación con la Fábrica de Cádiz. Ángela de Castro había sido seleccionada por haber publicado en el Diario de Cádiz, periódico monárquico de la ciudad, un comunicado que el político consideraba no tenía asomo alguno de indisciplina, pero había sido sometida a un expediente, siendo, finalmente, separada del trabajo con el pretexto de que en la nota había injuriado al personal de la Compañía. Por eso, solicitaba al ministro que revisara el expediente para que comprobase la supuesta carencia de fundamento del despido.

Por fin, Saborit aludía a la huelga ocurrida en la Fábrica de Logroño, que había provocado el despido de quince trabajadoras. Saborit también había intervenido y había creído entender del interventor del Estado que sí el propio diputado intervenía en el conflicto para poner fin al conflicto laboral, se volvería al trabajo sin conseguir lo que reclamaban, pero también con la condición de que no hubiera represalias, volviéndose al estado de cosas de antes de la huelga. Y así lo hizo Saborit, pero la Compañía había abierto los quince expedientes. No parecía justo, en su opinión, que por el hecho de haber ido a una huelga, que no tuvo consecuencia alguna, y era fruto de uno más de los tantos conflictos entre el “capital y el trabajo”, se hubiera producido este hecho. Por eso, pedía también la intervención del ministro.

El problema principal, como vemos, y como expuso el propio Saborit, radicaba en que la Tabacalera no reconocía la organización obrera, a pesar de que existía un decreto que obligaba a las compañías dependientes del Estado a reconocer y tratar con las organizaciones obreras. La de los tabaqueros y cigarreras estaba inscrita en el Instituto de Reformas Sociales y aceptaba todos los medios legales y la intervención del Estado, pero quien, realmente no la aceptaba era la Compañía. Por eso el ministro tenía, en opinión de Saborit, que estudiar la cuestión para que fuera resuelta vía decreto, con el fin de que la Compañía y las Sociedades Obreras de cigarreras y tabaqueros pudieran resolver sus problemas, sin necesidad de llegar a huelgas ni a perturbaciones como las que se habían detallado.

Nuestra fuente ha sido el número 3768 de El Socialista, del 9 de marzo de 1921.

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.

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